El Ministerio de Capital Humano anunció la creación de un órgano federal para auditar y distribuir fondos en salud, mientras ratifica que no modificará su política financiera pese a las movilizaciones estudiantiles.
En las vísperas de una nueva marcha federal, la ministra Sandra Pettovello confirmó que el Gobierno Libertario avanza en la conformación de una comisión de hospitales universitarios. Este nuevo ente estará integrado por los rectores de todas las casas de altos estudios que tengan instituciones médicas bajo su órbita. Según el Ejecutivo, la medida no busca «destruir la universidad pública», sino establecer mecanismos de auditoría para garantizar que el uso de los fondos estatales sea más eficiente y transparente que en gestiones anteriores.
Desde la cartera de Capital Humano, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalaron haber detectado irregularidades estructurales en diversas instituciones. Las autoridades afirmaron que existen universidades con una desproporción de personal jerárquico respecto a su matrícula de alumnos y cuestionaron la procedencia política de ciertos rectores. Para el oficialismo, muchos de estos directivos responden a intereses partidarios externos, lo que motivó la decisión de aplicar nuevos criterios de control sobre el presupuesto educativo.
Uno de los puntos centrales de la nueva comisión será la redistribución de partidas para salud, tras las denuncias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por falta de transferencias. El subsecretario Álvarez explicó que, históricamente, el 70% de estos fondos se asignaba a la UBA mediante «lobby político», mientras que otras regiones quedaban desfinanciadas. Con el nuevo esquema, se busca dar prioridad a hospitales de provincias como Chaco, Cuyo, Córdoba y Santiago del Estero, exigiendo rendiciones de cuentas detalladas sobre cada gasto proyectado.
Respecto a la movilización convocada por la comunidad universitaria, el Gobierno mantuvo una postura inflexible y calificó la marcha como una acción motorizada por intereses políticos ajenos a la educación. Los funcionarios criticaron la participación de sectores sindicales como la CGT y de dirigentes partidarios, argumentando que la Ley de Financiamiento Universitario es de cumplimiento imposible bajo la premisa del equilibrio fiscal. En este sentido, ratificaron que el Poder Ejecutivo no dará marcha atrás con el veto ni con sus políticas actuales para el sector.
Finalmente, en cuanto a la situación salarial, el Ministerio reconoció la existencia de un retraso en los haberes de docentes y no docentes, aunque responsabilizó a los gremios por la falta de acuerdo. Según Álvarez, los sindicatos rechazaron las ofertas de recomposición planteadas en el último proyecto de ley, prefiriendo mantener el conflicto antes que aceptar los aumentos posibles dentro del presupuesto nacional.
