Bajo la consigna del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes, no docentes y estudiantes se movilizan mañana en todo el país. Un informe del Centro CEPA revela que el poder adquisitivo del sector cayó más del 34% en la era Milei y que la mayoría de los salarios ya no cubren la canasta básica.
La comunidad universitaria nacional se prepara para una nueva jornada de protesta masiva este 12 de mayo. Lo que comenzó como un reclamo presupuestario se ha transformado en una crisis salarial sin precedentes modernos. Según datos procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el ajuste sobre las universidades públicas tiene su «corazón» en los salarios, que representan el 88,1% del presupuesto total de las casas de estudio.
A continuación, los puntos clave que fundamentan la movilización:
1. El desplome del salario real
Desde la asunción de Javier Milei hasta abril de 2026, los salarios del personal universitario perdieron un 34,2% de su poder adquisitivo. Si se ajusta por la inflación específica de la canasta de consumo (ENGHo), la caída es aún más profunda, alcanzando el 41,2%.
Para ponerle nombres y cifras: un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva, que en noviembre de 2023 percibía el equivalente a $888.794 (en pesos constantes de septiembre 2026), pasó a cobrar apenas $584.413 en abril de este año.
2. Sueldos por debajo de la línea de pobreza e indigencia
El dato más alarmante del informe es el impacto de la inflación frente a las canastas básicas:
– Pobreza: En abril de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de categorías 1 y 2 logran superar la Canasta Básica Total (CBT). El resto de los trabajadores se encuentra bajo la línea de pobreza.
– Indigencia: La situación es crítica para los docentes con dedicación simple. Según el CEPA, gran parte de estos cargos perciben haberes que ni siquiera alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
3. El incumplimiento de la Ley 27.795
La marcha reclama que el Gobierno Nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue votada en cuatro oportunidades en el Congreso. De aplicarse esta normativa, el salario de un docente hoy debería haber recuperado el terreno perdido, situándose nuevamente en torno a los niveles de finales de 2023.
4. Una oferta oficial insuficiente
La propuesta del Ejecutivo nacional consiste en un aumento del 12,3% fraccionado en tres cuotas de 4,1% (marzo, junio y septiembre de 2026). Esta cifra es calificada como «irrisoria» por los gremios, ya que la inflación proyectada para el mismo periodo de 2026 es del 23,6%, lo que garantiza que los salarios sigan perdiendo frente a los precios.
5. Ajuste presupuestario consolidado
El informe técnico destaca que entre 2023 y 2026, el Gobierno recortó un 41,6% el presupuesto real de las universidades nacionales. El proyecto oficial para este año presenta un presupuesto 35,1% menor al que establece la Ley de Financiamiento, lo que pone en riesgo no solo los salarios, sino el funcionamiento básico de las instituciones, la investigación y la extensión universitaria.
