El juez Ariel Lijo solicitó informes contables a tres empresas contratistas del Estado vinculadas a la consultora de Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presuntos retornos y enriquecimiento ilícito.
El escenario judicial para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complejizó tras la orden del juez Ariel Lijo de requerir documentación detallada a las firmas Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group. El magistrado busca acceder a todas las facturas y órdenes de licitación relacionadas con +BE, la consultora que pertenece a Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional. Esta medida intenta determinar si la estructura comercial de la mujer de Adorni fue utilizada para canalizar beneficios económicos derivados de la gestión pública.
La investigación se desarrolla de forma paralela a una causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya pesaba sobre el jefe de Gabinete. El foco de los investigadores está puesto en la posibilidad de que Angeletti haya sido favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares con empresas que, a su vez, mantienen una relación de dependencia o servicios con el Estado Nacional. Para la justicia, es fundamental esclarecer si el flujo de dinero entre estas firmas y la consultora responde a servicios reales o a un esquema de direccionamiento de fondos.
Entre las empresas señaladas destaca el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para organismos clave como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, todos bajo la órbita de supervisión de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, aparece National Shipping S.A., una de las principales navieras proveedoras de la petrolera estatal YPF. La conexión aquí es directa y sensible, dado que el propio Manuel Adorni ocupa un cargo como director titular en el directorio de la petrolera de bandera, lo que genera un evidente conflicto de intereses.
El tercer actor relevante es Foggia Group, dirigida por Mara Gorini, una colaboradora cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Esta empresa no solo posee la concesión de Tecnópolis, sino que ha sido la productora responsable de los eventos y espectáculos políticos del presidente Javier Milei en estadios como el Luna Park y el Movistar Arena. Los vínculos cruzados entre estas sociedades y el círculo íntimo del Poder Ejecutivo alimentan la hipótesis de una red de favores económicos que la justicia intenta desentramar.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada por la diputada nacional y exintegrante del bloque oficialista, Marcela Pagano. En su escrito judicial, se describe un presunto entramado de relaciones comerciales que podría configurar un esquema de retorno de fondos públicos a través de contrataciones privadas. Ahora, el análisis de los libros contables y la facturación de la consultora +BE serán determinantes para confirmar si los honorarios percibidos por Angeletti tienen un respaldo técnico o si forman parte de un beneficio ilícito.
