El diputado Pablo Juliano presentó un proyecto que busca establecer nuevas reglas para el crédito otorgado por fintech, billeteras virtuales y otras plataformas digitales. La iniciativa contempla mayores exigencias de información, controles sobre la capacidad de pago, límites a prácticas de cobranza y un mecanismo judicial para la rehabilitación financiera de personas insolventes.
La iniciativa propone crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito, que alcanzaría tanto a entidades bancarias como no bancarias, fintech, billeteras virtuales y plataformas digitales.
Según sostuvo Juliano al presentar el proyecto, el crecimiento de estas herramientas como alternativa de financiamiento estaría vinculado a las dificultades que atraviesan sectores de la población para acceder al crédito tradicional.
“Milei creó un nuevo problema: la población sobreendeudada. Hoy no te endeudás para irte de vacaciones o para comprar un auto, te endeudás para llegar a fin de mes”, afirmó el legislador, quien cuestionó además las tasas y las prácticas que, según planteó, utilizan algunas billeteras virtuales.
Uno de los principales ejes de la propuesta apunta a modificar la forma en que las plataformas informan sus créditos.
El proyecto establece que los usuarios deberán recibir información clara, completa y gratuita sobre el Costo Financiero Total (CFT), las tasas de interés, las comisiones y los seguros asociados a cada operación.
También deberán incorporarse simulaciones que permitan comprender cuánto puede terminar pagando una persona si opta por una refinanciación, realiza pagos mínimos o acumula intereses.
La iniciativa busca, además, impedir que las plataformas utilicen diseños o estructuras que reduzcan la percepción de los riesgos del crédito o destaquen sus beneficios mientras ocultan o minimizan sus costos.
Otro de los puntos centrales está relacionado con la evaluación crediticia. De aprobarse el proyecto, los proveedores deberían realizar antes de otorgar un préstamo un análisis razonable, actualizado e integral de la capacidad real de pago de cada usuario.
El otorgamiento de crédito sin esa evaluación previa, o en condiciones incompatibles con la capacidad de pago de la persona, sería considerado una práctica abusiva.
Además, las plataformas deberían tener en cuenta el nivel de endeudamiento total, la relación entre los ingresos disponibles y los servicios de deuda, la existencia de préstamos simultáneos en distintas entidades y el uso reiterado de mecanismos de refinanciación, entre otros indicadores.
El objetivo declarado es evitar que una persona pueda acumular créditos sucesivos en diferentes plataformas sin que ninguna de ellas contemple el nivel de endeudamiento que ya posee.
El proyecto también establece nuevas condiciones para las situaciones de mora. Las penalidades o cargos automáticos no podrían aplicarse sin una notificación previa en un soporte que permita conservar la información y un plazo mínimo de gracia de 10 días corridos.
A su vez, se prohibirían prácticas como el hostigamiento, las amenazas, el reclamo de montos que no puedan justificarse y el contacto con terceros ajenos a la deuda durante las gestiones de cobro.
“Las billeteras virtuales tienen que tener la misma reglamentación que las tarjetas de los bancos. Terminar con prácticas abusivas e informarte los costos de cada operación”, sostuvo Juliano.
La iniciativa también busca intervenir sobre uno de los aspectos más característicos del crédito digital: los sistemas automatizados de evaluación y las ofertas de préstamos que aparecen directamente en las aplicaciones.
El proyecto exige explicabilidad y transparencia en los sistemas automatizados de scoring crediticio y contempla el derecho del usuario a solicitar una revisión humana cuando se le deniegue un crédito o se suspenda un servicio.
También apunta contra los denominados dark patterns, es decir, interfaces diseñadas para influir en las decisiones del usuario de manera poco transparente.
Entre las prácticas que busca limitar aparecen la gamificación, el ocultamiento de costos y el envío masivo de ofertas de créditos preaprobados sin una evaluación adecuada de la capacidad de pago.
Los usuarios, además, podrían bloquear o limitar las ofertas automatizadas, las notificaciones de créditos preaprobados y determinadas modalidades de contratación directa.
Un mecanismo para salir del sobreendeudamiento
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la creación de un Procedimiento Judicial de Rehabilitación Financiera destinado a personas humanas no comerciantes que se encuentren en situación de insolvencia.
El mecanismo permitiría establecer planes de pago adaptados a la situación económica de cada persona y, excepcionalmente, disponer la extinción total o parcial de los saldos que permanezcan pendientes una vez cumplido el plan.
La intención, según explicó el diputado, es evitar que una persona quede excluida permanentemente del sistema financiero por una situación de endeudamiento.
“Cuando una persona no pueda pagar, será el juez el que establezca un plan de pago y ordene la deuda. Lo que no queremos es que las personas queden manchadas para siempre y se caigan del sistema financiero”, afirmó.
El proyecto también contempla la creación de una Defensoría de Usuarios Financieros, que funcionaría dentro de la autoridad de aplicación.
El organismo tendría entre sus funciones brindar asesoramiento gratuito, tramitar reclamos, intervenir en instancias de conciliación y participar en acciones judiciales.
A la vez, se establece un régimen de sanciones administrativas que podría incluir apercibimientos, multas y, en los casos más graves, la suspensión o revocación de las autorizaciones para operar.
La propuesta también habilitaría acciones judiciales individuales y mecanismos de tutela colectiva impulsados por usuarios, asociaciones de consumidores y la propia Defensoría.
El desafío regulatorio está en encontrar un equilibrio entre proteger a quienes utilizan estos servicios y evitar que mayores restricciones terminen dejando sin alternativas de financiamiento justamente a los sectores que tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional.
Por ahora, se trata de un proyecto presentado en el Congreso y sus medidas deberán atravesar el debate legislativo antes de convertirse, eventualmente, en una obligación para bancos, fintech y billeteras virtuales.
