Tras más de cuarenta años de dudas e impunidad, la Justicia de Córdoba condenó al Estado provincial a pagar indemnizaciones millonarias a dos familias víctimas de una grave falla del sistema de salud público en 1977, cuando dos recién nacidas fueron intercambiadas por negligencia médica y entregadas a padres equivocados.
El caso salió a la luz gracias a la búsqueda de una de las madres, quien, impulsada por sospechas persistentes, se sometió a un examen de ADN junto a su hija. El resultado negativo confirmó la tragedia institucional y dio origen a una demanda por los irreparables daños emocionales y de identidad causados durante casi medio siglo.
El juez en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación, Mariano Díaz Villasuso, estableció una reparación económica de entre 25 y 30 millones de pesos para cada grupo familiar, más intereses acumulados. En su resolución, el magistrado dejó expuesta la responsabilidad irremplazable del Estado en la custodia de los pacientes: «La principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias».
El fallo marca un antecedente histórico frente a la desidia de las instituciones públicas de salud, aunque deja al descubierto la tardía respuesta estatal para reparar el impacto devastador en la vida de ambas familias.
