El Gobierno de La Rioja pidió ser tenido como parte querellante en la causa que investiga la retención y colocación financiera de más de un billón de pesos del fideicomiso vial SISVIAL. La provincia sostiene que el freno de tres obras nacionales en su territorio —entre ellas el paso a Chile por Pircas Negras— es consecuencia directa de esa maniobra.
Según pudo saber Agencia de Noticias La Rioja La Provincia de La Rioja se presentó ante el Juzgado Federal N° 11 para constituirse como parte querellante en la causa CFP 3960/2026, que investiga el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La presentación lleva las firmas del gobernador Ricardo Quintela, el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, el fiscal de Estado adjunto Gustavo Ibarra y el abogado patrocinante Jorge Yoma.
El escrito adhiere a la denuncia original, presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que había dado origen al expediente. Según ese planteo, desde 2024 los recursos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 —integrado por la tasa sobre el gasoil y otros tributos con afectación específica a obras viales— fueron derivados de manera sistemática hacia colocaciones financieras (plazos fijos y letras del Tesoro) en lugar de destinarse a las obras para las que fueron creados. De hecho, el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió ante la prensa que esos fondos que debería solo utilizarse para la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales son desviados para otros fines.
La querella provincial cita cifras oficiales: al 31 de mayo de 2026, esas colocaciones sumaban algo más de un billón de pesos, mientras que en dos años y medio y con recaudación asignada por 1,5 billones, apenas se ejecutó el 26,2% en obras.
La presentación apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario legal y administrativo Juan Ignacio Stampalija, el secretario de Hacienda Carlos Guberman, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación en su rol de fiduciario.
La calificación legal que propone la denuncia original —a la que adhiere La Rioja— incluye malversación de caudales públicos agravada, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. Se trata de una calificación provisoria de la parte querellante, no de una determinación judicial: la Justicia aún no se expidió sobre la existencia del delito.
Para fundamentar el perjuicio «directo y diferenciado» que exige la ley para querellar, la Provincia detalla el estado de tres obras BAPIN en su territorio: la pavimentación del paso internacional Pircas Negras (RN 76), con 77,48% de avance y calificada como «neutralizada» por el entonces Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante Diputados; la conexión La Rioja-Chilecito por el Velasco (RN 73), con secciones al 88,96% y 64,25% de avance y certificados impagos que derivaron en litigios; y el túnel de Los Sauces (RN 75), reactivado recién en julio tras meses de parálisis. También señala que la Nación dejó de pagarle a Vialidad provincial por el mantenimiento de un tramo de la RN 76 desde 2023, tarea que la provincia sostiene con fondos propios.
El escrito cita además declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, del 11 de agosto, en las que reconoció que una parte de los fondos del impuesto a los combustibles «la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal».
La causa sigue en instrucción. La Provincia pidió que se libren oficios a Vialidad Nacional, el Banco Nación, Economía y otros organismos para reconstruir el circuito de los fondos, y solicitó medidas urgentes de preservación de documentación. De reconocerse su legitimación, La Rioja podrá impulsar pruebas y recursos dentro del expediente junto al fiscal a cargo.
