Con severas penas de prisión, atribuciones para el uso de la fuerza militar y un ambiguo esquema de regularización para empresas infractoras, el Ejecutivo remitió al Congreso la «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional».
En un intento por dar un giro a su cuestionada política hacia el Atlántico Sur, el Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la llamada “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. La iniciativa busca endurecer las sanciones ante la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pero combina un desmedido enfoque punitivo con un polémico esquema de «amnistía» para corporaciones trasnacionales.
El texto, firmado por el Presidente y ministros como Luis Caputo, Diego Santilli, Pablo Quirno y Carlos Presti, intenta reemplazar el régimen vigente desde 2011 y ampliar el castigo a todo tipo de recursos renovables y no renovables. El proyecto establece penas de hasta 20 años de cárcel para la extracción no autorizada de hidrocarburos, inhabilita a proveedores clave y fija multas equivalentes a millones de barriles de petróleo, además de suspender o revocar permisos comerciales en territorio continental.
Sin embargo, detrás del discurso de «mano dura», la letra chica incluye un controvertido «Régimen de Desistimiento y Regularización». Se trata de una suerte de blanqueo que permitirá a las compañías que operaron ilegalmente en jurisdicción argentina eximirse de sanciones severas si abandonan la actividad y realizan inversiones en el país, lo que ya genera suspicacias sobre los beneficiarios directos de la medida.
Por otro lado, la iniciativa crea un hipercentralizado Consejo de Seguridad Nacional conducido por el propio Milei y sus ministros, e incorpora protocolos que facultan el uso de la fuerza contra embarcaciones u aeronaves consideradas «hostiles». Estas medidas incluyen disparos de advertencia, inutilización de navíos y la facultad presidencial de ordenar el hundimiento de buques, lo que marca una peligrosa escalada hacia la militarización del control soberano en lugar de priorizar los canales diplomáticos multilaterales.
Con la propuesta en el Congreso, la oposición y diversos sectores especializados se preparan para revisar en comisiones los aspectos más ambiguos de la norma, en una discusión que promete poner bajo la lupa la verdadera orientación del oficialismo respecto de la Causa Malvinas.