La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal luego de detectar una presunta maniobra de corrupción vinculada con la liquidación de haberes que habría permitido realizar pagos indebidos por casi $1.000 millones a 23 personas durante más de tres años.
Según la denuncia, entre julio de 2022 y enero de 2026 se efectuaron 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88. Entre los beneficiarios aparecen militares en actividad y retirados, personal civil de planta permanente, jubilados e incluso personas que no tenían vínculo laboral con la fuerza.
La presentación fue realizada por el capitán de navío y jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien solicitó que se investigue la posible relevancia penal de los hechos y se determine quiénes participaron de las operaciones.
La investigación interna comenzó en febrero, después de que se detectaran irregularidades en la liquidación de haberes de cinco agentes. A partir de esos primeros casos, la Armada conformó una comisión interdisciplinaria para revisar el funcionamiento del sistema.
Los archivos originales generados por el Sistema de Haberes eran modificados para que determinadas personas recibieran montos superiores a los que realmente les correspondían. También se detectaron acreditaciones que directamente no contaban con respaldo en haberes legítimamente liquidados.
Una vez realizado el pago, los registros eran restituidos a sus valores originales. De esa manera, las sumas adicionales no quedaban reflejadas posteriormente en los recibos de sueldo disponibles en el sistema interno.
La auditoría contrastó las liquidaciones, los recibos publicados en Haberes-Web, los archivos remitidos al Banco Nación y las confirmaciones bancarias. La recurrencia de las modificaciones llevó a la comisión investigadora a descartar que se tratara simplemente de errores aislados del sistema.
Uno de los datos que más llamó la atención de la investigación fue la aparición de cuatro personas sin vínculo con la Armada que, en conjunto, recibieron $434.200.718 mediante 184 acreditaciones. Esa cifra representa aproximadamente el 44% del monto total detectado.
En ese punto aparece mencionado Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento de Revista. Según consta, Atanasoff reconoció haber dirigido personalmente las operaciones relacionadas con esas cuatro personas con el objetivo de favorecerlas económicamente y sostuvo que actuó sin otros involucrados.
A partir de esa declaración, fue relevado de la jefatura del departamento. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades penales y comprobar el alcance de lo declarado.
Hasta el momento, seis de los beneficiarios restituyeron $42.574.267. Si se toma como referencia el monto total consignado en la denuncia, todavía quedarían $938.574.300 sin recuperar.
La cifra de $981 millones corresponde a las irregularidades formalmente identificadas en la presentación. Otros medios informaron, a partir de fuentes vinculadas con la investigación, que el perjuicio podría ser superior y alcanzar alrededor de $1.500 millones o incluso $1.600 millones, pero esas estimaciones no forman parte del monto acreditado hasta ahora en la denuncia.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal. De acuerdo con información publicada por A24, interviene la fiscalía de Ramiro González y el expediente tramita ante el Juzgado Federal N.º 2.