El jefe de Gabinete, Manuel Adorni fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa judicial que investiga posibles inconsistencias entre sus bienes y los ingresos declarados. La decisión se conoció hace minutos nada más y quedó en manos del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
La imputación fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien advirtió una posible “discordancia” en la declaración jurada patrimonial presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Según la investigación, Adorni habría declarado únicamente dos propiedades, sin consignar bienes vinculados a un emprendimiento inmobiliario bajo análisis.
El caso pone el foco en una presunta propiedad ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires, cuyos valores de mercado -de acuerdo a portales inmobiliarios- oscilan entre 129.000 y 249.000 dólares, con un promedio cercano a los 149.875 dólares, además de costos adicionales como cuotas de ingreso y expensas.
Para avanzar en la causa, el fiscal solicitó una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. Entre ellas, requirió informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires para determinar la titularidad de bienes en el country mencionado, así como también pedidos a la administración del emprendimiento para identificar quién abona las expensas y a la municipalidad correspondiente para verificar permisos de construcción.
Asimismo, Pollicita solicitó información al Registro de la Propiedad de la Ciudad de Buenos Aires sobre todos los inmuebles registrados a nombre de Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, además de datos migratorios, movimientos laborales, posibles operaciones financieras y antecedentes de préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Otro de los puntos clave del requerimiento es el pedido a la Oficina Anticorrupción para que remita las declaraciones juradas patrimoniales integrales del funcionario correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, con el objetivo de analizar si existe correspondencia entre sus ingresos y su patrimonio.
La investigación busca determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado o si, por el contrario, los bienes del funcionario se encuentran debidamente respaldados por sus ingresos declarados.
Ahora, el juez Lijo deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el fiscal o si delega la investigación en el Ministerio Público, lo que permitiría a Pollicita avanzar directamente con las diligencias en la causa.
