A pocas horas del inicio de la marcha de jubilados que se llevará a cabo frente al Congreso, el Gobierno ha implementado una medida inusual, utilizando el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar un mensaje disuasivo a los manifestantes. En pantallas y altavoces de diversas terminales, se proyectó la advertencia: «La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
Este no es un hecho aislado. En 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, se utilizó el mismo método para proyectar advertencias sobre el impacto de la eliminación de subsidios en las tarifas de transporte, en un intento por influir en el electorado previo al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. La utilización de los sistemas de comunicación para emitir mensajes del gobierno trae consigo un trasfondo de preocupación en torno a las relaciones entre la administración y la ciudadanía, así como a la libertad de protesta.
Un Congreso blindado
En un contexto de creciente tensión y expectativas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha confirmado un despliegue de 900 policías en los alrededores del Congreso, en un operativo en conjunto con fuerzas federales. La zona será completamente vallada en un radio de 100 metros, restringiendo tanto el acceso de vehículos como el de peatones. Además, como precaución, se ha procedido a la retirada de 350 contenedores de residuos en la área para evitar que puedan ser utilizados en posibles enfrentamientos.
Reclamos de los jubilados frente a un oficialismo en alerta
La movilización está organizada por un amplio colectivo de jubilados, respaldado por diferentes sectores sindicales y políticos, y tiene como principal demanda un aumento en los haberes ante el notable deterioro del poder adquisitivo. En la actualidad, la jubilación mínima se establece en $280.000, un monto que los manifestantes consideran claramente insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Desde el oficialismo, se ha mostrado preocupación ante la marcha, advirtiendo sobre la posible infiltración de barras bravas y agitadores en la movilización. Esta narrativa ha reforzado el argumento de la necesidad de un operativo de seguridad de gran magnitud, generando aún más preocupación entre los sectores que buscan manifestarse pacíficamente.
El clima de tensión que se vislumbra en la antesala de esta movilización pone de manifiesto la creciente polarización en la sociedad argentina y la urgencia de un diálogo que contemple las demandas de uno de los sectores más vulnerables del país.
A medida que se acerca el momento de la marcha, la incertidumbre y la expectativa crecen, dejando en evidencia no solo un reclamo por mejores condiciones de vida, sino también un llamado a la reflexión sobre el rol del Estado en la protección de los derechos de sus ciudadanos.