El gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las herramientas dentro de la reforma laboral aprobada este año. Busca disminuir la informalidad mediante una fuerte reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones.
La medida fue oficializada a través del Decreto 315/2026 y posteriormente reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Resolución General 5844/2026. El régimen estará vigente para relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El nuevo esquema establece una reducción de más del 85% en las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada contratación alcanzada por el programa. Según la reglamentación, los empleadores abonarán una alícuota total del 5% sobre el salario: un 2% destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares, y un 3% al PAMI.
El beneficio está dirigido a empresas privadas que incorporen trabajadores que no hayan tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, personas desempleadas durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas sin empleo formal reciente o trabajadores provenientes del sector público.
La reglamentación se da en medio de un fuerte debate sobre el impacto real de la reforma laboral. Mientras el oficialismo sostiene que la flexibilización de cargas permitirá ampliar el empleo registrado, sectores sindicales y especialistas cuestionan que la reducción de costos por sí sola pueda generar puestos de trabajo genuinos en un contexto de caída del empleo privado y retracción de sectores como la industria y la construcción.
