Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la gestión de Javier Milei oficializó el llamado a licitación internacional para desmantelar la empresa estatal y dejar en manos privadas casi 7.600 kilómetros de vías.
En un nuevo paso hacia el vaciamiento del Estado e imponiendo la agenda de privatizaciones habilitada por la Ley Bases, el Palacio de Hacienda oficializó la convocatoria a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza. El anuncio, difundido en redes sociales por el ministro Luis Caputo, confirma el remate del sistema que conecta a 16 provincias con las principales terminales portuarias del país y con las fronteras sudamericanas, dejando la infraestructura logística nacional a merced de la especulación privada.
La medida prevé la liquidación definitiva de la empresa pública Belgrano Cargas y Logística S.A. y contempla un esquema fragmentado de «acceso abierto» que beneficia directamente a grandes corporaciones y multinacionales del agro. Con exenciones impositivas y cambiarias otorgadas mediante el polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desembolsos superiores a los 200 millones de dólares, el modelo libertario desliga al Estado de cualquier rol de desarrollo, reduciéndolo a un mero fiscalizador mientras privatiza las ganancias de las trazas más rentables. Además, el plan dispone el remate del patrimonio rodante —locomotoras y vagones construidos y recuperados con inversión pública— para que el propio capital privado financie las obras mínimas de conservación.
Desde la oposición y diversos sectores del ámbito productivo nacional no tardaron en encenderse las alarmas. Referentes de distintas fuerzas políticas y especialistas del sector advierten que la privatización ferroviaria por medio siglo no garantiza la conectividad de los ramales secundarios ni el desarrollo de los pequeños y medianos productores del interior profundo, quienes quedarán relegados frente a la fijación de tarifas por parte de consorcios privados.
A las críticas por la pérdida de soberanía sobre el transporte estratégico de cargas se le suma la subordinación geopolítica del pliego, el cual excluye expresamente a firmas vinculadas a Estados extranjeros, un claro guiño a los intereses de Washington que busca bloquear la participación de competidores globales como China en la infraestructura clave de la Argentina.
