El anunciado “gran paquete” por Malvinas incluyó medidas que en buena parte deberán pasar por el Congreso y una Base Naval Integrada que no constituye una novedad: el propio Javier Milei ya había anunciado su desarrollo en Ushuaia en abril de 2024. A esto se suma que varias de las herramientas anunciadas ya cuentan con antecedentes legales, mientras que el supuesto cambio de postura de Estados Unidos sobre las islas todavía no representa un respaldo formal a la soberanía argentina.
El anuncio de Javier Milei sobre Malvinas buscó presentar una nueva etapa en el reclamo argentino por la soberanía de las islas, con medidas diplomáticas, económicas, judiciales, legales y militares. Sin embargo, varios de los anuncios expuestos en cadena nacional tienen antecedentes que relativizan su carácter de novedad.
En el comienzo de su discurso, Milei fijó la posición oficial argentina sobre el archipiélago y recordó la ocupación británica de 1833. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente, quien remarcó que las islas forman parte del territorio nacional desde los orígenes del país.
El mandatario también rechazó el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro y cuestionó los referendos realizados allí. La postura contrasta con declaraciones anteriores del propio Milei, quien en 2025 había respaldado el derecho a la autodeterminación de los isleños y había planteado que el objetivo argentino debía ser que “prefieran ser argentinos”.
Milei sostuvo además que la causa Malvinas “no pertenece a ningún gobierno ni a un partido político” y destacó que durante su gestión Argentina obtuvo 18 resoluciones y declaraciones favorables a su reclamo, además de presentar más de 60 propuestas contra acciones unilaterales británicas.
Uno de los principales ejes del anuncio fue el avance de los proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, particularmente Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, empresas de origen inglés e israelí. Frente a esto, el Gobierno anunció un DNU destinado a acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra empresas que participen de proyectos petroleros en las islas sin autorización argentina.
La medida contempla mecanismos de detección e intercambio de información y la posibilidad de inhabilitar para operar en territorio argentino a compañías vinculadas directa o indirectamente con esas actividades. También podría alcanzar a accionistas, directores y proveedores.
En materia de Defensa, Milei anunció otro DNU para ampliar los recursos destinados a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones. Sin embargo, este punto constituye una de las principales contradicciones del anuncio: el propio Presidente ya había presentado ese proyecto en abril de 2024 durante su visita a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson.
A esto se suma la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que integrará a distintas áreas del Estado y tendrá participación de Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia. El organismo tendrá una mirada amplia sobre la seguridad nacional, incorporando cuestiones económicas, financieras, inversiones y recursos estratégicos.
De esta manera, el denominado “gran anuncio” combinó medidas concretas con decretos, iniciativas que deberán avanzar institucionalmente y proyectos que ya habían sido presentados anteriormente. El contraste entre la presentación de algunas medidas como novedades y sus antecedentes previos abre interrogantes sobre cuánto hay de nuevo y cuánto de relanzamiento en el paquete anunciado por el Presidente.
