La oposición busca avanzar con una herramienta para personas sobreendeudadas, debido a la morosidad familiar que alcanzó el 12,8%. En Diputados se acumulan iniciativas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda, pero el oficialismo y sus aliados controlan las comisiones donde deberían discutirse.
En total, son 28 iniciativas que buscan generar distintas herramientas para personas que no pueden afrontar sus obligaciones financieras. Sin embargo, la oposición denuncia que los proyectos chocan con el control que La Libertad Avanza y sus aliados mantienen sobre las comisiones parlamentarias.
El debate ocurre mientras los indicadores de morosidad muestran un deterioro. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias alcanzó el 12,8%. A su vez, un informe de la consultora Analytica estima que 19,8 millones de personas tienen al menos una deuda considerando tarjetas de crédito, billeteras virtuales, fintech y mutuales. De ese universo, alrededor de 6 millones se encuentran en situación de mora.
La problemática también incluye las prácticas de cobro y el hostigamiento que enfrentan quienes no pueden pagar, que en algunos casos alcanza a familiares y contactos de los deudores.
Unión por la Patria comenzó a trabajar desde enero en una respuesta legislativa. El bloque tiene más de 20 de los 28 proyectos presentados en Diputados y durante las últimas dos semanas avanzó en la búsqueda de puntos comunes para elaborar una iniciativa que pueda ser tratada en el corto plazo.
El primer problema que intenta resolver la oposición es definir a quiénes debería alcanzar una eventual ley: si a las aproximadamente 20 millones de personas que tienen algún tipo de deuda o específicamente a los cerca de 6 millones que ya ingresaron en situación de mora.
También se identificaron cuatro grandes grupos de deudores:
- Personas endeudadas mediante tarjetas de crédito bancarias.
- Usuarios de billeteras virtuales y plataformas fintech.
- Personas con deudas en tarjetas comerciales o entidades no bancarias.
- Quienes accedieron a mecanismos de crédito considerados irregulares.
La combinación de ambos criterios determinaría el alcance de la herramienta que la oposición pretende llevar al recinto.
Entre las propuestas existentes aparecen mecanismos como garantías parciales para entidades financieras, subsidios de tasas para personas de bajos ingresos y cobertura de determinados créditos incobrables. Sin embargo, los impulsores buscan evitar que la iniciativa sea presentada como un programa de transferencia directa de dinero.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, autor de uno de los proyectos, plantea en cambio una herramienta de mediación y reestructuración de las obligaciones.
“Lo que hacemos es que un juez pueda mediar y pueda indagar cómo está constituida la deuda que tiene cada ciudadano que hoy está sobreendeudado”, explicó. Según el legislador, la propuesta no implicaría crear nuevos tribunales ni tendría necesariamente un costo fiscal directo.
El principal obstáculo para que estas iniciativas avancen es parlamentario. Según la oposición, los proyectos fueron llevados a dos sesiones de la Cámara Baja desde enero, pero no consiguieron ser emplazados en las comisiones con capacidad para emitir dictamen por falta de quórum.
Hasta ahora, el debate se concentró principalmente en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky.
Para los bloques opositores, el tratamiento definitivo requiere atravesar otras comisiones, entre ellas Presupuesto, que está bajo la conducción de Bertie Benegas Lynch, y allí es donde encuentran mayores dificultades para conseguir los consensos necesarios.
El escenario podría modificarse el 26 de agosto, cuando la oposición pretende solicitar un apartamiento del reglamento que permita emplazar los proyectos en las comisiones correspondientes. Ese día está previsto que el oficialismo impulse en Diputados el tratamiento de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y de una nueva Ley de Inocencia Fiscal.
El oficialismo sostiene que el endeudamiento constituye fundamentalmente un problema entre privados. La oposición, en cambio, lo vincula directamente con la política económica implementada desde la llegada de Javier Milei al gobierno.
