La filtración de mensajes entre el Jefe de Gabinete y el contratista Matías Tabar revela un desesperado intento de «contención» judicial. Mientras la justicia investiga departamentos de lujo y muebles millonarios, el Gobierno se desmorona entre sospechas de tráfico de influencias.
Lo que comenzó como una serie de «inconsistencias» patrimoniales ha mutado en un escándalo de proporciones sistémicas para la administración de Javier Milei. La difusión de chats entre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el contratista Matías Tabar, expone la metodología de un Gobierno que llegó para «combatir a la casta» pero que parece haber adoptado sus peores vicios en tiempo récord. «Podés contar conmigo para lo que necesites», le escribía Adorni a un hombre clave en las investigaciones por irregularidades inmobiliarias, en lo que difícilmente pueda interpretarse como un gesto de cortesía institucional.
La gravedad de los mensajes reside en la evidencia de un posible intento de intervención indebida. El ofrecimiento de Adorni de poner a disposición a su propio equipo de abogados y su insistencia por mantener el contacto —incluso cuando el contratista intentaba cortar el vínculo por consejo legal— sugieren un pánico evidente ante la posibilidad de que la verdad salga a la luz. «Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad», fue la respuesta de Tabar que hoy resuena como una sentencia en los pasillos de la Casa Rosada.
Mientras el país asiste a este intercambio de favores y presiones, la Justicia avanza sobre el meteórico ascenso económico de Adorni. Bajo la lupa está la compra de un lujoso departamento en Caballito y gastos que resultan insultantes para una sociedad bajo ajuste: solo en muebles, el funcionario habría desembolsado 14 millones de pesos, una cifra que no cierra por ningún lado al cotejarla con sus ingresos declarados. Los viajes y movimientos financieros bajo sospecha completan el cuadro de un funcionario que parece haber confundido la gestión pública con un esquema de beneficios personales.
Este nuevo capítulo de la saga Adorni deja a Javier Milei en una posición insostenible. El Presidente, que suele utilizar sus redes para atacar a opositores con términos como «chorros» o «corruptos», guarda un silencio cómplice ante las pruebas que cercan a su mano derecha. La recolección de pruebas y los testimonios en curso prometen nuevas medidas judiciales que podrían terminar de dinamitar la ya debilitada credibilidad ética de un Gobierno que, ante cada denuncia, responde con más opacidad y menos explicaciones.
