Según estimaciones de la Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, más de 135 especies se ven afectadas por esta actividad y al menos 20 se encuentran en peligro de extinción, en un contexto donde el país funciona como origen, tránsito y destino de estas redes ilícitas.
Cada año, miles de animales son capturados para su comercialización como mascotas, ornamentos, productos medicinales o piezas de colección. El fenómeno además de ilegal, tiene consecuencias ambientales y sanitarias, ya que implica la extracción de especies de su hábitat natural y el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.
En febrero, en la provincia de Santa Fe, fuerzas de seguridad rescataron más de 500 animales durante un control vial en la Ruta 34. Entre ellos había 219 loros habladores y 146 tortugas terrestres, que eran transportados en condiciones precarias. En Mendoza, un procedimiento similar permitió recuperar decenas de aves conocidas como “7 cuchillos”, utilizadas en peleas clandestinas, mientras que en Entre Ríos se desarticuló un centro ilegal con zorros, aves autóctonas y restos de fauna.
También en marzo, en Chaco fueron rescatados dos coatíes que eran ofrecidos a la venta a través de redes sociales, una modalidad en crecimiento que amplía el alcance del comercio ilegal. En Corrientes, en tanto, un operativo conjunto permitió recuperar cerca de 100 aves mantenidas ilegalmente en domicilios particulares.
El marco legal argentino, a través de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, prohíbe la captura, transporte, comercialización y tenencia de animales silvestres. A nivel internacional, la Interpol considera este delito como uno de los mayores crímenes organizados del mundo, solo por detrás del narcotráfico, la trata de personas y la falsificación.
Entre las especies más afectadas se encuentran aves como el loro hablador, el tucán y el cardenal amarillo; reptiles como la tortuga terrestre y el lagarto overo; y mamíferos como los monos caí y carayá, además de felinos emblemáticos como el yaguareté. También se registran casos de tráfico de plantas y maderas.
La coordinadora de prevención del tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, Carina Righi, señaló que los datos se basan en operativos y decomisos, por lo que no reflejan la totalidad del fenómeno, agravado por la falta de coordinación entre jurisdicciones en un país federal.
Uno de los datos más alarmantes es la tasa de mortalidad: se estima que 9 de cada 10 animales capturados mueren durante el traslado debido a las condiciones de hacinamiento, desnutrición y estrés. De los que sobreviven y llegan al circuito comercial, solo una pequeña proporción logra recuperarse y regresar a su hábitat natural.
El problema también está vinculado a la demanda social. La tenencia de animales silvestres como mascotas sigue siendo una práctica extendida, muchas veces impulsada por la desinformación. Organizaciones como la Fundación Vida Silvestre insisten en que estos animales no son aptos para la vida doméstica y que su adquisición implica, en la mayoría de los casos, un origen ilegal.
Frente a este escenario, especialistas y organismos ambientales recomiendan no comprar ni capturar fauna silvestre, denunciar situaciones sospechosas y evitar la manipulación de animales sin intervención de autoridades. Además, advierten que la liberación sin control también puede resultar perjudicial, ya que los ejemplares requieren procesos de rehabilitación específicos.
