En un nuevo capítulo de la avanzada contra los derechos adquiridos, el Gobierno de Javier Milei ha decidido redoblar la apuesta.
Pese al creciente malestar social y la resistencia de las organizaciones sindicales, desde los pasillos de la Casa Rosada ya no ocultan su estrategia: forzar la vigencia de una reforma laboral que nació cuestionada y que, según admiten funcionarios de primera línea, «terminará en la Corte Suprema».
La postura oficialista evidencia una preocupante resignación —o quizás una confianza ciega— ante la judicialización de una norma que busca desmantelar la protección del empleo en Argentina.
La estrategia del Poder Ejecutivo se apoya hoy en un andamiaje judicial de dudosa imparcialidad. La reciente decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que devolvió la vigencia a la reforma tras suspender la cautelar obtenida por la CGT, ha quedado bajo la lupa.
No se trata solo de un debate técnico; la recusación presentada contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González por «prejuzgar» el fondo de la cuestión pone en tela de juicio la transparencia de un fallo que parece redactado a la medida de los deseos libertarios.
El escándalo de mayor gravedad institucional rodea al juez Pesino. Mientras el magistrado fallaba a favor del Estado Nacional, el Boletín Oficial publicaba un beneficio «mayúsculo»: el pedido del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en su cargo más allá de los 75 años. Esta coincidencia temporal, denunciada por la dirigencia obrera como una conducta contraria a la ética, sugiere un peligroso intercambio de favores.
Para la oposición y el movimiento obrero, estamos ante un caso de «nulidad absoluta» donde la independencia judicial parece haber sido canjeada por la permanencia en el poder.
Lejos de buscar un consenso o transitar las vías legislativas ordinarias con diálogo, La Libertad Avanza apuesta al desgaste y a la victoria por «nocaut» en el máximo tribunal. El oficialismo subestima la capacidad de resistencia del sindicalismo, calificando sus presentaciones como el «único camino» de una derrota anunciada.
Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como un triunfo jurídico es, en realidad, el síntoma de una gestión que prefiere judicializar el conflicto social antes que garantizar la paz y el bienestar de los trabajadores, dejando el futuro del país atado a los tiempos y los intereses de una Corte Suprema cada vez más presionada.
