El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó formalmente este miércoles al canciller Pablo Quirno para que intervenga frente al proyecto de apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas (en Chile) y las Islas Malvinas.
A través de una carta documento, la organización otorgó al funcionario un plazo de 72 horas desde la recepción de la intimación para responder y adoptar medidas. El reclamo apunta a que el Gobierno nacional utilice las herramientas legales y diplomáticas disponibles para impedir que el nuevo corredor contribuya a actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina.
El proyecto busca establecer una conexión entre Punta Arenas y Puerto Argentino y prevé realizar su primer viaje durante noviembre. La iniciativa involucra a la naviera chilena Easter Island, empresas vinculadas a servicios logísticos y la Falkland Islands Development Corporation, la agencia de desarrollo económico de las islas.
Según la información difundida, una delegación de alrededor de 25 empresarios británicos también podría visitar Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre para reunirse con proveedores y avanzar en la conformación de la nueva cadena comercial.
La ruta permitiría acortar considerablemente las distancias de abastecimiento hacia las islas. Actualmente, una parte importante de los suministros llega desde Montevideo, a aproximadamente 2.000 kilómetros, mientras que Punta Arenas se encuentra a unos 900 kilómetros.
Entre las mercaderías que podrían transportarse aparecen alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
Sin embargo, para el CECIM el problema no se limita al intercambio de productos. La organización sostiene que la infraestructura logística podría terminar vinculada con Sea Lion, el proyecto de explotación petrolera ubicado al norte de las Islas Malvinas, en aguas cuya soberanía se encuentra bajo disputa entre Argentina y Reino Unido.
“El objeto de esa ruta no se agota en alimentos, vinos y repuestos”, sostuvo la entidad, que calificó al corredor como un posible “cordón umbilical logístico” para el desarrollo petrolero.
Sea Lion es liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum y prevé comenzar la producción de petróleo en 2028. Argentina rechaza las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas de las islas y considera ilegales las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional.
La carta documento reclama que Quirno aplique la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, que establece restricciones y sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, así como para determinados servicios vinculados con esas operaciones.
El CECIM también invocó el Decreto 868/2026, recientemente dictado por el Gobierno de Javier Milei, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación del régimen.
A partir de esa normativa, los excombatientes consideran que Cancillería tiene la obligación de intervenir y no simplemente la posibilidad de hacerlo. Entre las medidas reclamadas aparece el inicio de procedimientos contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, la Falkland Islands Development Corporation y otros actores que puedan estar vinculados con la puesta en funcionamiento del corredor.
La organización pidió además impedir que puertos argentinos brinden servicios a la cadena logística relacionada con el proyecto y que se informe a organismos reguladores sobre las eventuales consecuencias legales para las empresas involucradas.
Otro de los reclamos consiste en exigir a los buques que se dirijan hacia las Islas Malvinas el cumplimiento del Decreto 256/2010, que regula la navegación entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos de las islas.
A nivel internacional, pidió que el Gobierno lleve el planteo ante Naciones Unidas, su Comité Especial de Descolonización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Mercosur.
“La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia”, cuestionó la organización al exigir una intervención efectiva del Estado argentino.
La controversia se produce además pocos días después de una tensión diplomática entre Argentina y Chile por declaraciones del propio Quirno y de la senadora Patricia Bullrich sobre el extremo austral y el Estrecho de Magallanes. Ambos funcionarios posteriormente aclararon sus dichos y reafirmaron el respeto argentino por los tratados bilaterales vigentes.
Para el CECIM, en cambio, la discusión actual debe concentrarse en impedir que la infraestructura logística regional facilite la explotación de recursos naturales en las áreas bajo disputa de soberanía.
