Opinión | Por Lic. Mauricio Guerrero
El conflicto minero en la zona de Guandacol ha escalado a los titulares nacionales, pero detrás de la urgencia del «cierre de paso» subyace una trama de compromisos incumplidos y una estrategia de presión social que merece ser desmenuzada. Para entender qué está pasando hoy en el límite entre La Rioja y San Juan, es imperativo separar los hechos técnicos de la narrativa del miedo.
La reciente decisión de la justicia riojana de imponer una medida cautelar no es un movimiento arbitrario ni una «conspiración» contra la actividad productiva. Tiene un fundamento en el incumplimiento normativo por parte de la empresa.
El proyecto Vicuña, aunque ubicado geográficamente en territorio sanjuanino, se encuentra en una proximidad extrema al límite riojano. Su operatividad depende del uso intensivo de rutas riojanas, lo que genera un impacto directo en el ecosistema, la flora y la fauna de la provincia.
Mientras la justicia dirime lo normativo, la posición política en la provincia transita por otro carril: el de concretar los resultados económicos y sociales que la empresa comprometió en 2022 y 2023.
La ecuación logística es reveladora. La empresa utiliza el camino riojano porque le permite un trayecto de 4 horas, frente a las 12 horas que le demandaría la ruta por San Juan. Este ahorro de 8 horas representa una ventaja competitiva fenomenal que, hasta el momento, no ha tenido un correlato en la economía local. El Centro Industrial y las cámaras sectoriales denuncian una ausencia total de licitaciones para pymes riojanas, falta de contratos con la hotelería regional y un nulo consumo de combustible en las estaciones de la zona.
Como bien señaló el gobernador Ricardo Quintela, la postura no es «antiminera», sino en defensa de la soberanía productiva: «Queremos que la riqueza gane la provincia, el departamento y la nación», ha manifestado, remarcando que el diálogo con los vecinos de Guandacol es el que marca la agenda de exigencias.
Quizás el punto más crítico del análisis sea el uso de los trabajadores como herramienta de lobby. Es necesario recordar que los puestos de trabajo de los riojanos en el proyecto fueron logrados gracias a gestiones directas del Gobierno Provincial en 2022.
Hoy, ante el freno judicial provocado por sus propias negligencias administrativas, la empresa ha optado por una maniobra de presión social: desinformar a sus empleados asegurando que la pérdida del trabajo es culpa de la justicia, e incluso demorar el pago de haberes. Se intenta forzar una decisión política usando la angustia de las familias como escudo para no cumplir con las inversiones en infraestructura y ambiente que deben desde hace cuatro años.
El caso del Proyecto Vicuña marca un precedente. La Rioja parece haber dejado claro que el tiempo de ser «zona de paso» a cambio de promesas vacías se terminó. No se trata de impedir el desarrollo, sino de garantizar que sea sustentable y justo. Sin bypass, sin informe ambiental y sin integración real de la cadena de valor local, no hay licencia social que sostenga ningún proyecto.
