El gobierno nacional avanza con un amplio programa de privatizaciones y concesiones de empresas e infraestructura estatal, aunque algunos de los procesos todavía se encuentran en distintas etapas de negociación. En ese esquema, el caso de Aeropuertos Argentina volvió a ocupar un lugar central después de que el Ejecutivo decidiera dejar sin efecto un preacuerdo para extender la concesión y abrir una nueva instancia de negociación.
La concesión vigente de Aeropuertos Argentina, anteriormente conocida como Aeropuertos Argentina 2000, vence en 2028. El acuerdo firmado en septiembre de 2025 contemplaba extenderla hasta febrero de 2056, con la posibilidad de una prórroga adicional hasta 2066. También incluía la incorporación de un plan de inversiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la eventual privatización del 15% de participación que todavía conserva el Estado.
Sin embargo, el 10 de junio de 2026 el directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ya bajo la conducción de Noelia Ruiz, dejó sin efecto ese preacuerdo. Ahora, el Gobierno busca renegociar las condiciones y exige, entre otros puntos, justificaciones técnicas, auditorías anuales sobre el cumplimiento de las metas y una revisión de la tasa de rentabilidad.
Un plan de inversiones de USD 600 millón es
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con las inversiones previstas para los próximos años. La concesionaria plantea un programa de infraestructura de aproximadamente USD 600 millones, destinado a la modernización de Ezeiza, Aeroparque y otras terminales.
Desde la empresa sostienen que una concesión de largo plazo es necesaria para acceder al financiamiento internacional que permita llevar adelante esas obras. El gobierno, en cambio, pretende primero auditar el cumplimiento de las obligaciones existentes y revisar las condiciones económicas del contrato antes de avanzar con una nueva extensión.
Aeropuertos Argentina administra actualmente 35 terminales del Sistema Nacional de Aeropuertos. Entre ellas se encuentran Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, Iguazú, Comodoro Rivadavia, Resistencia y Mar del Plata.
La renegociación también tiene una dimensión política debido a la relación previa entre el presidente Javier Milei y Eduardo Eurnekian, propietario de Corporación América, el holding al que pertenece Aeropuertos Argentina.
Milei trabajó en Corporación América entre 2008 y 2021 como economista jefe y asesor. Además, varios integrantes de su entorno político tuvieron vínculos laborales con el grupo empresario. Esa relación es señalada por dirigentes opositores y algunos analistas como un elemento relevante para analizar las negociaciones en torno a la concesión aeroportuaria.
El caso cobró mayor atención después de la detención de Facundo Leal, quien había sido titular del ORSNA y fue uno de los funcionarios que firmó el preacuerdo de 2025. Leal dejó el organismo en enero de 2026 y posteriormente fue detenido en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a su paso por ARSAT. La Justicia también comenzó a investigar posibles irregularidades durante su gestión en el organismo aeroportuario.
El caso de Aeropuertos Argentina se inscribe en un programa más amplio de transferencia de empresas e infraestructura al sector privado, habilitado en buena medida por la Ley Bases.
Entre los procesos que ya fueron adjudicados o concretados aparecen la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, las represas hidroeléctricas del Comahue, la venta de la participación estatal en Transener y distintas etapas de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales.
La concesión de la Hidrovía, ahora denominada Vía Navegable, fue adjudicada en 2026 al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y Servimagnus por un período de 25 años, con posibilidad de extensión. Por esa vía circula una parte mayoritaria del comercio exterior argentino.
En el sector energético, también avanzaron las concesiones de las represas de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, mientras que la participación estatal en Transener fue vendida al consorcio Genneia-Edison Energía por alrededor de USD 356 millones.
En materia vial, ya se adjudicaron las primeras etapas de la Red Federal de Concesiones, que incluyen corredores como las rutas 12 y 14, el enlace Rosario-Victoria, la Autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y distintos tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226. Los contratos tienen una duración de 20 años y contemplan el cobro de peajes sin subsidios del Tesoro.
El Gobierno todavía tiene varios procesos abiertos. Entre los principales se encuentran AySA, cuya privatización contempla la venta del 90% de las acciones estatales y una concesión por 30 años; Belgrano Cargas; una participación del 44% de Nucleoeléctrica Argentina; y la reestructuración y eventual privatización de Enarsa.
También permanece dentro del programa Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia aeroportuaria. El proceso fue habilitado y volvió a cobrar relevancia en medio de los conflictos registrados en el sector aeronáutico.
En el caso de las rutas nacionales, todavía resta adjudicar alrededor de 6.500 kilómetros correspondientes a etapas posteriores de la Red Federal de Concesiones.
