El mandatario presentó su dimisión en medio de un escándalo financiero por la intervención de Ueno Bank, pero el Parlamento todavía no la aceptó. Este viernes rechazaron su pedido de postergar la defensa y avanzaron con la presentación de pruebas. Además, tres funcionarios de su gabinete renunciaron a sus cargos.
La situación se agravó este viernes 6 de noviembre, cuando el Parlamento rechazó un pedido de Peña para aplazar durante tres días la presentación de su defensa. Los legisladores resolvieron avanzar con el procedimiento y admitir las pruebas presentadas por la parte acusadora.
Entre los principales cuestionamientos figura un presunto conflicto de intereses por la vinculación previa de Peña con el grupo propietario de Ueno Bank. También se investiga el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central paraguayo.
Otra de las acusaciones apunta a la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad bancaria, presuntamente por encima de los límites establecidos por la normativa vigente.
La Fiscalía General del Estado también inició investigaciones por posibles delitos económicos vinculados con la crisis financiera. Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de procedimientos en curso y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
Por su parte, el abogado defensor de Peña, Adolfo Ferreiro, cuestionó la continuidad del juicio político al considerar que, una vez presentada la renuncia, el procedimiento carecería de objeto. Sin embargo, la dimisión todavía no fue aprobada por el Congreso.
La diferencia entre una renuncia aceptada y una destitución mediante juicio político tiene consecuencias institucionales: la Constitución paraguaya contempla la condición de senador vitalicio para los expresidentes elegidos democráticamente, con excepciones para quienes hayan sido declarados culpables en un juicio político.
La crisis también provocó cambios en el gabinete presidencial. El jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; y el ministro del Interior, Enrique Riera, presentaron sus renuncias, que fueron aceptadas por Peña.
Mientras continúa el proceso parlamentario, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el sucesor constitucional en caso de concretarse la salida definitiva del mandatario. De asumir la presidencia, deberá completar el período de gobierno previsto hasta 2028.
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