Con carteles y una nota dirigida al ministro Luis Caputo, organizaciones y familias de personas de discapacidad marcharon al Ministerio de Economía para exigir fondos urgentes y el cumplimiento de la ley de emergencia del sector. «La emergencia continúa vigente», advirtieron, mientras el riesgo de colapso se agrava.
El Foro Permanente Discapacidad se movilizó este martes hasta el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Irigoyen 250, para entregarle una nota al titular de la cartera, Luis Caputo. Junto a las organizaciones marcharon familias y personas con discapacidad que vienen sufriendo los recortes del sector. El pedido es claro: «Necesitamos respuestas».
El reclamo tiene dos ejes centrales. Por un lado, exigen la inmediata transferencia de fondos para el Programa Incluir Salud, las Pensiones No Contributivas y las coberturas de discapacidad de PAMI, sostenidas en el marco de la Ley 24.901. Por otro, reclaman la plena implementación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado y defendida del veto presidencial, pero que hasta ahora no se tradujo en respuestas concretas.
«La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones», expresaron desde el Foro en un comunicado.
La crisis alcanza a prestadoras, transportistas y hogares de larga estadía. Uno de los casos más sensibles es el de los cottolengos, instituciones donde residen personas con discapacidad intelectual. Diego Zotta, coordinador técnico del Cottolengo de Avellaneda, graficó la situación: su hogar alberga a 84 mujeres con discapacidad y depende de fondos que el Estado no está girando en tiempo y forma.
La movilización coincidió además con el reclamo de intendentes de todo el país, que denuncian «asfixia financiera» sobre los municipios. Para el sector de discapacidad, ni los fallos judiciales favorables ni la ley de emergencia lograron torcer hasta ahora la postura del Gobierno. Las puertas, advierten, siguen cerradas.
