El Gobierno nacional avanzó con un acuerdo con la empresa de Elon Musk para conectar 6000 escuelas rurales de todo el país. El esquema contempla casi US$22 millones, con fondos públicos provenientes del Fondo del Servicio Universal, mientras la figura de “donación con cargo” evita una licitación y abre interrogantes sobre los costos del servicio a futuro.
El Gobierno de Javier Milei avanzó en tiempo récord con la conectividad satelital de Starlink para 6.000 escuelas rurales de todo el país, pero el mecanismo elegido para financiarla despierta más preguntas que certezas. A través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Ejecutivo oficializó el contrato con la empresa de Elon Musk mediante dos resoluciones —663/2026 y 857/2026— publicadas en el Boletín Oficial el 29 de julio y el 2 de septiembre respectivamente, en un proceso marcado por plazos exprés y escasa transparencia.
Detrás de la promesa de cerrar la brecha digital en los establecimientos con conectividad deficiente o nula se esconde un esquema financiero que beneficia ampliamente a la compañía estadounidense.
- Un negocio redondo
El proyecto se sostiene con u$s21.876.000 del Fondo del Servicio Universal que administra el propio Enacom. De ese total,Starlink aporta u$s9.978.000 en equipos y dos años de servicio, presentados como una «donación», mientras que el Estado argentino pone u$s11.898.000 para instalación, soporte técnico y un tercer año de conectividad. La cuenta, escuela por escuela, ronda los US$3.646 en los primeros tres años.
El esquema, sin embargo, tiene trampa. Como señaló el periodista David Cayón, la valuación de los equipos y el servicio fue fijada de manera unilateral por la propia Starlink, y el costo prorrateado por establecimiento termina siendo más alto que el abono residencial estándar que la empresa vende en el país.
En los hechos, se trata de una facturación cruzada: la «donación» inicial funciona como pantalla para convalidar un cobro mensual que decide el operador, no el Estado.
El problema de fondo aparece cuando se agota el financiamiento nacional, al tercer año. A partir de ese momento, las provincias adherentes deberán hacerse cargo del costo de la conectividad bajo las condiciones que fije Starlink, en un contrato nominado en dólares que expone a los sistemas educativos provinciales —ya golpeados por salarios devaluados y desinversión— a cualquier salto cambiario. Lo que hoy se vende como gratuito puede convertirse, en poco tiempo, en una carga presupuestaria imposible de sostener para jurisdicciones con las cuentas ajustadas.
La comparación con la alternativa estatal profundiza las dudas sobre la conveniencia del acuerdo. Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de Arsat, sostuvo que la empresa argentina podría prestar el mismo servicio sin inconvenientes con el satélite SG-1, incluso a mayor velocidad, y remarcó la diferencia de costos: «Starlink cobra la conexión que ofrece 160 dólares por mes. ARSAT la cobra 60 o 70 dólares, aproximadamente».
- La postura de La Rioja
En La Rioja, el rechazo fue explícito. La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, descartó la incorporación de antenas de Starlink en las escuelas rurales de la provincia y defendió el modelo público construido con ARSAT e Internet para Todos, que hoy cubre al 80% de los establecimientos rurales riojanos. «Sustituir una infraestructura sólida y pública por un modelo dependiente de una corporación extranjera pone en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad presupuestaria y la protección de los datos de nuestros niños, niñas y jóvenes», advirtió la funcionaria, en sintonía con la Constitución provincial, que reconoce el acceso a la conectividad como un derecho de cuarta generación.
A la falta de transparencia financiera se suma una falla de gestión: el Enacom formalizó el contrato sin haber identificado previamente qué escuelas recibirán el servicio, sin consultar a las provincias y municipios que administran esos establecimientos, y con un Ministerio de Capital Humano que, tras el desmantelamiento de buena parte de la estructura de Educación, carece de capacidad operativa para coordinar el despliegue. El resultado es un plan que avanza sobre el territorio sin saber todavía dónde va a aterrizar.
