El Gobierno provincial avanza en las acciones institucionales y judiciales para desconocer los límites fijados por el Decreto Ley 18.004, dictado durante la dictadura de Onganía. El planteo busca que la Corte Suprema se expida sobre su constitucionalidad y reabra la discusión con San Juan.
El Gobierno de La Rioja prepara las acciones institucionales, administrativas y judiciales vinculadas con el conflicto limítrofe con San Juan, a partir de la decisión provincial de no aceptar las condiciones establecidas por el Decreto Ley 18.004.
Así lo explicó el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, en diálogo con Radio La Torre, quien recordó que la Legislatura riojana ya había ratificado la decisión adoptada en 1973 de no aceptar los límites interprovinciales fijados mediante aquella norma.
Según detalló el funcionario, la legislación sancionada por la Cámara de Diputados habilita al Poder Ejecutivo provincial a llevar adelante las acciones necesarias para procurar el restablecimiento de un punto de equilibrio respecto del límite interprovincial y volver a discutir la cuestión con San Juan. En ese marco, indicó que el gobernador Ricardo Quintela ya instruyó a los equipos técnicos del Gobierno provincial para iniciar las acciones correspondientes y avanzar hacia un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente para que se expida sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 18.004.
Goyochea explicó que existen condiciones para formular directamente un planteo judicial porque se trata de un conflicto entre dos provincias, un tipo de controversia en la que la Constitución Nacional establece la competencia originaria de la Corte Suprema.
El objetivo es que el máximo tribunal determine si esa norma reúne las condiciones de constitucionalidad necesarias. El funcionario estimó que el planteo podría concretarse en las próximas semanas, una vez concluidas las recomendaciones técnicas.
- Antecedentes
El asesor también repasó antecedentes de la Corte en cuestiones limítrofes entre provincias, entre ellos el conflicto por el Salar del Hombre Muerto entre Salta y Catamarca, donde el tribunal estableció una instancia de conciliación mediante equipos técnicos. Para Goyochea, esos antecedentes marcan un estándar de interpretación aplicable al caso riojano, cuya particularidad es que no se limita a una discusión territorial sino que apunta a determinar la constitucionalidad de un decreto ley dictado durante un gobierno de facto, que por esa condición no expresaría el espíritu de la Constitución.
Pese al planteo judicial, Goyochea remarcó que la vía judicial no cierra las posibilidades de diálogo con San Juan, y que Quintela siempre impulsó instancias de diálogo con su par sanjuanino. La idea es que, tras el pronunciamiento de la Corte, pueda conformarse una comisión técnica bipartita para analizar documentación histórica sobre los límites previos al decreto cuestionado.
El funcionario también señaló la necesidad de contemplar los derechos adquiridos por empresas mineras que operan en la zona en disputa, y aclaró que el planteo no apunta a impedir actividades productivas. Sostuvo, finalmente, que la determinación definitiva sobre los límites interprovinciales corresponde al Congreso de la Nación.
