A 70 años de los hechos que inspiraron la célebre investigación periodística Operación Masacre, la Justicia Federal declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad y atribuyó al Estado argentino la responsabilidad por su planificación, ejecución y posterior encubrimiento.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad impulsado por familiares de las víctimas. La magistrada concluyó que el operativo llevado adelante durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora configuró una grave violación a los derechos humanos y estableció la responsabilidad estatal en los hechos ocurridos entre el 9 y el 10 de junio de 1956.
En su resolución, Vence declaró que existió responsabilidad del Estado nacional en la organización y ejecución de los delitos, así como en las maniobras posteriores destinadas a ocultar lo sucedido. Los hechos fueron calificados como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio agravado en cinco casos y tentativa de homicidio en otros siete.
Aunque el paso del tiempo impide cualquier sanción penal debido al fallecimiento de todos los responsables, el fallo determinó que las principales autoridades del gobierno de facto, entre ellas el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu y el vicepresidente Isaac Rojas, junto con jefes policiales y de inteligencia involucrados en el operativo, habrían sido pasibles de condenas a prisión perpetua.
Los hechos ocurrieron en el contexto del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la Revolución Libertadora. Durante la represión, doce civiles fueron detenidos ilegalmente en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida y trasladados a los basurales de José León Suárez.
Allí fueron fusilados sin juicio previo. Cinco de ellos murieron, mientras que otros siete lograron sobrevivir y escapar. Entre estos últimos se encontraba Juan Carlos Livraga, conocido posteriormente como “el fusilado que vive”, cuyo testimonio permitió reconstruir lo ocurrido.
La investigación realizada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh fue publicada en 1957 bajo el título Operación Masacre y se convirtió en una de las obras más emblemáticas del periodismo argentino, además de un antecedente fundamental del periodismo de investigación en América Latina.
Además del reconocimiento judicial de los hechos como delitos de lesa humanidad, la sentencia ordenó una serie de medidas reparatorias destinadas a las víctimas y sus familiares. Entre ellas, dispuso la publicación del fallo en medios oficiales, la restitución del buen nombre y honor de las víctimas, su incorporación a registros de víctimas de violencia institucional y la colocación de señalizaciones y espacios de memoria en los lugares donde se produjeron las detenciones y los fusilamientos.
Durante los alegatos finales, el abogado querellante Alberto Palacio sostuvo que durante siete décadas se les negó a las familias el reconocimiento judicial de lo ocurrido y destacó la importancia simbólica de la resolución. Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos el próximo 16 de julio.
