El Juzgado de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar impulsada por un excombatiente contra las firmas Rockhopper y Navitas. Dispuso la suspensión de obras, perforaciones y transferencias financieras vinculadas a la extracción hidrocarburífera en el archipiélago.
El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, ordenó la paralización inmediata de las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La resolución alcanza a las compañías internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, a quienes se les exigió abstenerse de iniciar o continuar con perforaciones, instalaciones submarinas y tareas orientadas a la extracción comercial.
La determinación judicial responde a un recurso planteado por un excombatiente de la guerra de Malvinas, en concordancia con las acciones impulsadas por el Gobierno nacional contra empresas que operan de forma ilegítima en la plataforma continental argentina. El fallo dictado busca pausar los trabajos en la zona e impedir transacciones financieras, desembolsos o compromisos contractuales destinados a ejecutar el emprendimiento.
Dentro de las medidas dispuestas, la magistrada exigió a las operadoras informar en detalle su estructura societaria, el esquema de financiamiento, los bancos involucrados, los estudios de impacto ambiental y los planes de contingencia ante derrames. También deberán precisar la totalidad de las obras portuarias, terrestres y pozos proyectados para la explotación.
En paralelo, el juzgado otorgó un plazo de diez días a la Cancillería argentina para que informe si las entidades involucradas poseen habilitaciones u homologaciones oficiales para desarrollar tareas hidrocarburíferas en el archipiélago. A su vez, se requirió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental que certifique si existen expedientes o certificados de aptitud ambiental registrados respecto del proyecto.
