La Justicia Federal aceptó a La Rioja como querellante en la causa que investiga el destino de los fondos del SisVial. La decisión permite a la provincia intervenir activamente en el expediente, aportar pruebas y solicitar nuevas medidas mientras se investiga la presunta subejecución de recursos destinados a obras viales. “Esos fondos no fueron a la infraestructura, sino a la especulación financiera y al ajuste desmedido”, cuestionó Ricardo Quintela.
La Justicia Federal avanzó en la investigación por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y aceptó como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir el recorrido de los recursos destinados al mantenimiento y la construcción de rutas nacionales.
El SisVial es un fondo fiduciario que se nutre de recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y tiene como finalidad financiar obras viales en todo el país. La investigación busca determinar qué ocurrió con los fondos recaudados y si existieron irregularidades en su administración.
Según los datos incorporados al expediente, durante los primeros dos años y medio de la actual gestión nacional se habrían asignado alrededor de $1,5 billones al sistema, mientras que unos $394.406 millones habrían sido destinados efectivamente a obras y mantenimiento vial. La denuncia presentada por La Rioja sostiene además que, al 31 de mayo de 2026, aproximadamente $1,001 billones del SisVial se encontraban colocados en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional.
En este contexto, el gobernador Quintela cuestionó el destino de esos recursos y volvió a reclamar por la paralización de obras consideradas estratégicas para la provincia. Entre ellas se encuentran las rutas nacionales 73, 75 y 76, cuyo deterioro afecta la conectividad, la producción y la seguridad vial.
“Los recursos que las y los argentinos pagan cada vez que cargan combustible tienen un destino claro por ley: la construcción, el mantenimiento y la seguridad de nuestras rutas. Sin embargo, mientras el Gobierno Nacional decidió parar obras estratégicas como las Rutas Nacionales 76, 73 y 75 en nuestra provincia, esos fondos no fueron a la infraestructura, sino a la especulación financiera y al ajuste desmedido”, indicó.
Asimismo ratificó “Lo dijimos desde el primer día, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras abandonan las obras que son para los argentinos y argentinas, y quitan los derechos a los ciudadanos, especialmente a los jubilados y personas con discapacidad”.
