La magistrada Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la ley por 60 días al señalar que la provincia no posee los recursos ni los espacios adecuados para albergar a más adolescentes privados de la libertad.
La jueza Marta Elba Pascual defendió su resolución de frenar temporalmente la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones radiales, la magistrada aclaró que la medida no busca discutir la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, sino poner el foco en la imposibilidad operativa del Estado bonaerense para aplicar la normativa de manera efectiva en el contexto socioeconómico e institucional actual.
Pascual sostuvo que encerrar a un menor sin brindarle contención educativa, profesional y psicológica derivará en un agravamiento de la problemática, convirtiendo el paso por el sistema penal en una antesala del delito adulto. Asimismo, la titular del juzgado rechazó los cuestionamientos recibidos por su fallo y enfatizó que su postura busca garantizar la seguridad ciudadana mediante condiciones reales de reinserción, señalando que la falta de herramientas adecuadas no genera un entorno más seguro para la comunidad del Conurbano.
La medida cautelar, originada a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, mantendrá congelada la ley durante dos meses. Durante este plazo, el Poder Ejecutivo provincial deberá presentar informes detallados sobre la disponibilidad de establecimientos, la capacitación del personal especializado y las partidas presupuestarias destinadas a la puesta en marcha del régimen.
