El gobierno nacional frenó una modificación que había generado preocupación entre libreros y trabajadores del sector editorial. La medida buscaba eliminar una protección establecida por la Ley de Defensa de la Actividad Librera y finalmente no avanzará, luego de las críticas recibidas.
El gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con una de las modificaciones previstas sobre la legislación que regula la actividad editorial y librera. La decisión llegó después de que el sector expresara su preocupación por el impacto que podía tener la eliminación de determinadas regulaciones sobre las librerías, especialmente las pequeñas y medianas.
La medida había sido incluida dentro de un paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y apuntaba a modificar aspectos de la normativa vigente sobre la comercialización de libros. Entre los puntos cuestionados se encontraba la posibilidad de avanzar sobre mecanismos destinados a proteger a las librerías frente a las condiciones impuestas por las grandes cadenas y plataformas de venta.
El argumento central era que una desregulación del mercado podía profundizar las desigualdades entre los grandes actores comerciales y las librerías independientes. La preocupación se concentraba particularmente en las consecuencias que podría tener una competencia basada exclusivamente en precios. Las librerías más pequeñas, con menor capacidad de negociación frente a las editoriales y distribuidoras, quedarían en una posición más vulnerable frente a grandes cadenas y plataformas digitales.
Para quienes defendieron la continuidad de las regulaciones, el libro no constituye solamente una mercancía más dentro del mercado, sino también un bien cultural cuya circulación requiere determinadas condiciones para garantizar la diversidad editorial y territorial.
La discusión se produce además en un contexto particularmente complejo para la industria editorial argentina. La reducción del poder adquisitivo y la caída del consumo afectaron durante los últimos años a las ventas de libros, mientras que las librerías enfrentan aumentos en alquileres, servicios, salarios y otros costos de funcionamiento. Las librerías independientes sostienen que las condiciones de comercialización resultan determinantes para su supervivencia y por ahora, consiguieron evitar una modificación que consideraban perjudicial.
