El Gobierno de Javier Milei anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para privatizar más de 5.000 kilómetros de rutas nacionales, en un esquema diseñado a la medida del sector privado que incluye el beneficio extraordinario de eximir a las concesionarias del pago de impuestos nacionales.
La confirmación del nuevo ajuste sobre la infraestructura pública estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, durante su intervención en el evento «Vientos de Cambio», organizado por la alineada Fundación Libertad y Progreso. En lugar de dar precisiones sobre cómo se garantizará la seguridad vial sin inversión estatal, el funcionario prefirió desestimar los reclamos por el mal estado de los caminos tildando de «cómicas» las críticas de la oposición.
La medida representa un nuevo avance en la entrega de la red vial estatal. Recientemente, el Ejecutivo formalizó la adjudicación de ocho tramos nacionales dentro del proceso de remate de la empresa pública Corredores Viales, entregando más de 3.900 kilómetros distribuidos en once provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
Con este nuevo proyecto, el plan oficial proyecta poner en manos privadas más de 9.000 kilómetros de trazados viales, delegando la conectividad del país en el negocio empresarial y renunciando a la recaudación fiscal en medio de un severo recorte al gasto público.
