El Consejo Profesional de Ciencia Política de la provincia de La Rioja cumple 15 años desde su creación. Es un aniversario atravesado por un conflicto institucional, con reclamos de un sector de profesionales que desde hace meses impulsa su normalización.
La institución fue creada el 15 de septiembre de 2011, cuando la Cámara de Diputados de La Rioja sancionó la Ley Provincial N.º 9.080, impulsada por todos los bloques legislativos.
La norma constituyó al Consejo como una persona jurídica de derecho público y estableció que debe estar integrado por los profesionales en Ciencia Política matriculados en la provincia.
Entre sus principales objetivos se encuentran la defensa del ejercicio profesional, la promoción del desarrollo de la Ciencia Política, el crecimiento científico y técnico de sus integrantes, la protección de la ética profesional y la representación de los matriculados.
La ley también le otorgó atribuciones para promover investigaciones, generar espacios vinculados con las incumbencias profesionales, cooperar con universidades y centros de educación superior y asesorar a organismos públicos y privados en asuntos relacionados con la disciplina.
Sin embargo, el 15° aniversario encuentra al organismo atravesando una situación institucional que durante 2026 derivó en reclamos públicos, convocatorias a asambleas y presentaciones ante la Justicia.
“Politólogos Autoconvocados” difundió este martes un comunicado en el que reivindicó la importancia que tuvo la creación del Consejo, pero puso el foco en la necesidad de recuperar su funcionamiento institucional.
“Una institución profesional solo puede cumplir su función cuando sus mecanismos democráticos están plenamente vigentes, sus autoridades cuentan con legitimidad y sus matriculados pueden participar de manera transparente y efectiva”, expresaron.
El espacio sostuvo que la normalización del organismo “no es una cuestión personal ni sectorial”, sino una responsabilidad colectiva de quienes integran la profesión.
“Queremos un Consejo abierto, democrático, transparente y participativo, donde la profesión pueda debatir, construir y decidir”, agregaron.
Los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Consejo adquirieron mayor visibilidad durante mayo, cuando un grupo de matriculados comenzó a reclamar públicamente la renovación de las autoridades.
Los autoconvocados sostienen que los mandatos de la conducción se encuentran vencidos desde hace varios años y cuestionan que no se haya concretado oportunamente un proceso electoral para renovarlos.
El conflicto derivó en la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria realizada el 28 de mayo.
La convocatoria quedó incluso registrada en el Boletín Oficial de la Provincia. Entre los puntos establecidos para aquella asamblea figuraban la presentación de memoria, balance e inventario general por parte de la última Comisión Directiva, la convocatoria a elecciones y la conformación de una Comisión Electoral.
El documento señalaba expresamente la necesidad de avanzar en un proceso de “normalización institucional, administrativo y electoral” del Consejo y garantizar la participación democrática de los profesionales matriculados.
A partir de esa instancia se conformó una Comisión Electoral y comenzó un proceso para intentar renovar las autoridades.
Sin embargo, las diferencias entre los sectores involucrados continuaron.
Durante los meses siguientes, los autoconvocados denunciaron dificultades para acceder a documentación institucional y al padrón actualizado de profesionales. También cuestionaron la legitimidad de convocatorias electorales impulsadas por otros sectores vinculados con la conducción del organismo.
La disputa terminó trasladándose al ámbito judicial.
La situación permanece así pendiente de las determinaciones judiciales que establezcan cómo deberá continuar el proceso.
La legislación también determina que la matriculación ante el Consejo constituye una condición habilitante para el ejercicio de la profesión de Licenciado en Ciencia Política y sus especialidades dentro de la provincia.
Por ese motivo, el funcionamiento de la institución excede la representación sectorial y se encuentra directamente relacionado con la regulación del ejercicio profesional.
A quince años de aquella sanción legislativa, Politólogos Autoconvocados utilizó el aniversario para insistir en que la recuperación de los mecanismos institucionales debe convertirse en una prioridad.
“Defender nuestra profesión también es defender sus instituciones”, señalaron.
