La Justicia expresó preocupación por la situación crítica que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo clave en la búsqueda e identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, luego de que sus autoridades advirtieran que el recorte presupuestario compromete seriamente su funcionamiento.
La preocupación se dio tras una nota enviada por la directora técnica del organismo, Mariana Herrera Piñero a distintos juzgados y tribunales federales donde tramitan causas de lesa humanidad. En el documento se informó que el BNDG podría quedar imposibilitado de continuar tomando muestras biológicas y realizar pericias genéticas por falta de recursos.
El ajuste afecta servicios esenciales como limpieza, mantenimiento y vigilancia del edificio donde se conservan las muestras biológicas y documentación vinculada a las investigaciones por apropiación de menores durante el terrorismo de Estado.
Podría alterarse la cadena de custodia y la preservación de pruebas fundamentales para determinar identidades. El banco almacena muestras de sangre, hisopados bucales, restos óseos y otros elementos utilizados en análisis de ADN relacionados con causas de desaparición forzada y apropiación de niños.
Además, las autoridades advirtieron que tampoco cuentan con presupuesto suficiente para cubrir viáticos de especialistas que deben trasladarse a distintos puntos del país para realizar extracciones de muestras o intervenir en exhumaciones ordenadas judicialmente.
Desde la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, encabezada por el fiscal Pablo Parenti, ya realizaron presentaciones judiciales alertando sobre el riesgo institucional que implica la paralización del organismo.
También se sumó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, que remarcó que el funcionamiento del BNDG resulta indispensable para avanzar en las investigaciones y garantizar la restitución de identidades.
“El correcto funcionamiento del BNDG es una condición necesaria para descubrir la verdad, restituir identidades, sancionar a los responsables y reparar los daños provocados”, señalaron en una presentación judicial realizada ante juzgados federales.
El organismo fue creado durante el gobierno de Raúl Alfonsín por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que especialistas desarrollaran el denominado “índice de abuelidad”, herramienta genética utilizada para identificar a nietos y nietas apropiados durante la dictadura.
En 2009, el Congreso otorgó al banco autonomía y autarquía para garantizar su independencia administrativa y científica. Sin embargo, en mayo de 2025 el gobierno de Javier Milei modificó su estructura mediante un decreto que lo transformó en un organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Aunque el decreto fue posteriormente rechazado por el Congreso, la estructura administrativa anterior nunca fue restituida.
La preocupación también llegó a organismos internacionales. En su último informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre el impacto que el ajuste presupuestario podría tener en la continuidad de las tareas de identificación y búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
