A 365 días del inicio de la causa que desnudó una peor crisis sanitaria de la Argentina, la justicia avanza sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Mientras las víctimas aumentan, las familias denuncian una trama de negligencia estatal y empresarial que priorizó el lucro sobre la vida.
El 12 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión en la salud pública argentina. Lo que comenzó como un reporte del Hospital Italiano de La Plata por infecciones intrahospitalarias atípicas terminó destapando una red de descontrol microbiológico y corrupción corporativa. Hoy, a un año de aquel hito judicial, las pericias del Cuerpo Médico Forense son contundentes al confirmar que la administración de opioides contaminados fue la causa directa de la muerte de al menos 114 personas, aunque el temor de que la cifra real sea mucho mayor persiste en todo el país.
La investigación judicial, liderada por el Juzgado Federal N°3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscalía de María Laura Roteta junto a la PROCUNAR, determinó que los lotes producidos por el empresario Ariel García Furfaro contenían bacterias letales. Los estudios del Instituto Malbrán confirmaron que las muestras de los pacientes coincidían genéticamente con los patógenos hallados en las ampollas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Esta evidencia transformó el caso en un expediente de criminalidad compleja que involucra a catorce procesados, entre los que se encuentran directivos y responsables técnicos de la firma.
El entramado revelado por la fiscalía y una comisión investigadora del Congreso expuso una mecánica interna escalofriante. Se descubrió que las plantas operaban bajo una negligencia absoluta, donde se ignoraban sistemáticamente las alertas de la ANMAT sobre fallas en la trazabilidad de drogas críticas.
Peor aún, las declaraciones de los propios involucrados señalaron que los resultados positivos de contaminación se asentaban en cuadernos informales que se ocultaban ante cualquier rumor de inspección, mientras la orden de la dirección era continuar con las ventas para no afectar la facturación.
A pesar de que los protocolos sanitarios exigen esperar catorce días de cultivo antes de liberar medicamentos inyectables, en Ramallo S.A. la instrucción era distribuir las ampollas de inmediato. Esta cadena de fallas evitables y ocultamientos deliberados permitió que más de 300.000 unidades de fentanilo llegaran a centros de salud en Córdoba, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Aunque el Estado logró recuperar gran parte del stock infectado, el impacto sanitario ya era irreversible.
Hoy, la causa se mantiene activa con el objetivo de lograr condenas efectivas para los responsables. Mientras tanto, las familias de las víctimas, que incluyen desde recién nacidos hasta adultos mayores, continúan su lucha por justicia. Para ellos, este aniversario no representa el cierre de una etapa, sino la amarga confirmación de que sus seres queridos no fallecieron por un accidente fortuito, sino por la desidia de un sistema que, a un año de la tragedia, todavía no termina de dar todas las respuestas.
