Desde las 0 horas de este sábado 5 de septiembre comienza a regir en todo el país la Ley Nacional 27.801. La normativa modifica el esquema de responsabilidad penal para menores de edad, bajando la edad de punibilidad y redefiniendo las conductas que pasan a ser procesables por la Justicia.
Baja en la edad de punibilidad
- Edad mínima: El límite de responsabilidad penal baja de 16 a 14 años. La ley abarca a jóvenes de entre 14 y 18 años inclusive.
- Alcance de los delitos: Se elimina el criterio previo de la cantidad de años de pena requeridos para iniciar una causa. Cualquier hecho tipificado en el Código Penal podrá ser objeto de investigación judicial.
- Detención y penas: La privación de la libertad se mantiene como una medida excepcional y de último recurso para casos de extrema gravedad, con un tope máximo de pena de 15 años de prisión.
Conductas frecuentes bajo la lupa judicial La Justicia advierte que el nuevo marco legal no aplica únicamente a delitos graves de delincuencia organizada, sino que tipifica acciones habituales en la vía pública o en entornos escolares:
- Peleas y agresiones físicas.
- Hurtos, robos, daños materiales y vandalismo.
- Amenazas u hostigamiento por redes sociales.
- Intimidación pública (como llamadas con falsas alarmas de bomba).
- Ingreso de armas a colegios o instituciones.
- Difusión no consentida de imágenes íntimas.
En casos de delitos cometidos en grupo, las fiscalías investigarán el grado de participación individual (autores, coautores o cómplices).
Infraestructura y responsabilidad civil de los padres
- Alojamiento especializado: La norma exige que los jóvenes privados de su libertad permanezcan en centros específicos, totalmente diferenciados de la población carcelaria adulta y segmentados según la etapa procesal (imputados o condenados).
- Responsabilidad de los progenitores: Los padres o tutores legales deberán responder en el fuero civil por los daños materiales y económicos ocasionados por los actos delictivos de los menores.
- Menores de 14 años: Continúan fuera del sistema penal de imputación, quedando bajo el abordaje de organismos de protección integral de la niñez.
