La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle, quedó bajo cuestionamiento luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal para que la Justicia investigue el origen y la validez del doctorado en Inteligencia Artificial con el que la funcionaria fue presentada públicamente.
El título está vinculado con la American Andragogy University (AAU), una institución con sede en Hawái. Para sustentar su presentación, Pagano realizó una “compra de prueba” y documentó el procedimiento mediante conversaciones por WhatsApp, capturas de pantalla y comprobantes de pago.
Según la documentación incorporada a la denuncia, la legisladora consiguió avanzar en el supuesto programa doctoral mediante el pago de US$400, sin rendir exámenes ni presentar previamente documentación que acreditara la posesión de un título universitario de grado.
La experiencia despertó cuestionamientos sobre la institución y llevó a Pagano a solicitar que la Justicia determine en qué condiciones Baravalle obtuvo el doctorado que aparece entre sus antecedentes académicos.
Según la denuncia, la American Andragogy University publica un valor considerablemente superior para su programa doctoral. Sin embargo, cuando Pagano se contactó con la institución para consultar cómo podía acceder a un doctorado en Inteligencia Artificial, terminó recibiendo una propuesta por US$400.
La legisladora aseguró que durante el intercambio explicó que necesitaba contar con el doctorado como requisito para acceder a un cargo.
A partir de allí, la institución avanzó con el proceso de admisión y le habría ofrecido una beca que no había solicitado. El pago de los US$400 fue aprobado el 14 de agosto y posteriormente Pagano recibió documentación relacionada con el supuesto programa académico. De acuerdo con su relato, durante todo el procedimiento no tuvo que rendir ningún examen, desarrollar una tesis ni acreditar mediante documentación la existencia de una carrera universitaria previa.
La diputada afirmó incluso haber recibido posteriormente un analítico con calificaciones correspondientes a materias que, según aseguró, nunca había cursado ni rendido.
Con los elementos obtenidos durante la prueba, Pagano presentó una denuncia penal para que se investigue la situación de Baravalle y el funcionamiento de la institución que aparece vinculada con su doctorado. La presentación plantea como posibles hipótesis delitos relacionados con falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.
Será la investigación judicial la que deberá determinar las características del título, las condiciones en las que fue obtenido y su eventual reconocimiento académico. Entre otras cuestiones, deberá establecerse qué estudios realizó efectivamente la funcionaria, qué requisitos cumplió para obtener el doctorado y cuál es el reconocimiento de la institución que lo emitió.
La American Andragogy University ya había quedado involucrada en controversias relacionadas con la validez de sus titulaciones en otros países latinoamericanos. En Perú ya hubo cuestionamientos al entonces ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro por un doctorado en Ciencias Ambientales obtenido en esa institución y por su reconocimiento académico en Estados Unidos.
En Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí tomó medidas durante 2025 frente a títulos provenientes de esa universidad y dejó sin efecto su utilización en determinados concursos y ascensos docentes. Posteriormente, durante 2026, el Ministerio Público panameño abrió una investigación relacionada con títulos sin reconocimiento.
La denuncia de Pagano apunta precisamente a determinar si esa credencial académica reúne las condiciones necesarias para ser considerada válida y bajo qué procedimiento fue otorgada.
