En Argentina se registraron 176 femicidios entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo que representa un crimen por razones de género cada 33 horas, según el último informe elaborado por el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de víctimas contabilizadas en los primeros ocho meses de este año ya supera los registros informados por la organización durante 2025. Los 176 casos relevados comprenden diferentes categorías: 127 femicidios directos, 15 femicidios vinculados de varones y niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios ocurridos en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.
Uno de los datos que destaca el informe está relacionado con el contacto previo de las víctimas con el sistema de protección y la Justicia. Según MuMaLá, solamente el 11% de las víctimas había realizado una denuncia previa. Entre ese grupo, el 75% contaba con una orden de restricción contra el agresor y el 12% disponía de un botón antipánico.
Los datos vuelven a poner el foco no solamente en la existencia de herramientas de protección, sino también en su capacidad para prevenir nuevas agresiones una vez que una situación de violencia es denunciada.
El informe también analizó las modalidades utilizadas para cometer los crímenes. Las armas de fuego estuvieron presentes en el 32% de los casos, convirtiéndose en el mecanismo más frecuente. En segundo lugar aparecen las armas blancas, utilizadas en el 24% de los hechos. Le siguen la asfixia, con el 13%, y los golpes, con el 11%.
En cuanto a las edades, el promedio de las víctimas fue de 39 años. Entre los casos registrados había 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores.
La edad promedio de los femicidas, en tanto, se ubicó en los 41 años.
Al analizar la incidencia en relación con la población de cada jurisdicción, Santiago del Estero registró la tasa más elevada, con 1,7; seguida por Santa Fe, con 1,6; y Catamarca, con 1,4, según el relevamiento.
La utilización de tasas permite dimensionar la incidencia de los casos en función de la población y evita comparar únicamente las cantidades absolutas entre provincias con tamaños demográficos muy diferentes.
Ante los resultados del informe, MuMaLá cuestionó las políticas implementadas para prevenir y abordar las violencias por razones de género y reclamó medidas al Gobierno nacional. La organización exigió “la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo”.
