La salida de las autoridades de PAMI se suma a una serie de cambios y tensiones que atraviesa el sistema de salud durante la gestión de Javier Milei.
Las renuncias se producen mientras el organismo enfrenta distintos reclamos vinculados con el financiamiento de las prestaciones. En los últimos meses, trabajadores, profesionales de la salud y organizaciones de jubilados denunciaron dificultades relacionadas con pagos, medicamentos y atención médica.
En abril, por ejemplo, prestadores vinculados a tratamientos de diálisis habían denunciado demoras en los pagos. Desde el organismo, en aquel momento, aseguraron que PAMI cumplía con los cronogramas establecidos y que, más allá de eventuales demoras puntuales, no existía una situación de cesación de pagos.
La situación también generó cuestionamientos por parte de organizaciones de jubilados. Nora Biaggio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, había denunciado un supuesto “vaciamiento” del PAMI y cuestionado el manejo de los recursos del organismo.
Según información difundida por el medio Corta, el presupuesto del Ministerio de Salud previsto originalmente para 2026 pasó de $7,4 billones a $6,66 billones luego de distintos ajustes, mientras que durante el período relevado se había ejecutado el 31,5% de ese presupuesto.
Entre las medidas que impactaron sobre el sistema sanitario también aparece el recorte del programa Remediar. De acuerdo con datos citados por Corta, la distribución de medicamentos gratuitos de ese programa se redujo un 51% entre 2024 y 2025.
En el caso específico del PAMI, también hubo cambios en el sistema de atención. En abril, los médicos de cabecera se declararon en estado de alerta a partir de una nueva modalidad de pago que implicó una reducción significativa de sus ingresos. También profesionales de odontología habían anunciado la interrupción de la atención ante reclamos por pagos adeudados.
PAMI fue creado para brindar cobertura médica y social a jubilados y pensionados. Por su cantidad de afiliados y la diversidad de prestaciones que administra, las decisiones sobre su funcionamiento tienen un impacto directo sobre millones de adultos mayores en todo el país.
