El capítulo de discapacidad incluido por el gobierno nacional en el proyecto de “Presupuesto 2027” abrió una nueva interna dentro de La Libertad Avanza y dejó expuestas dificultades de coordinación entre el equipo económico y los dirigentes encargados de negociar las leyes en el Congreso.
La controversia tuvo como protagonistas a Patricia Bullrich y a Luis Caputo, después de que la senadora reconociera públicamente que desconocía los cambios incorporados al proyecto enviado al Congreso.
“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.
Bullrich forma parte de la mesa política del oficialismo junto con figuras centrales del gobierno, entre ellas Karina Milei y el propio Caputo. Según explicó, pese a haber participado de esas reuniones, las modificaciones sobre discapacidad no fueron discutidas previamente.
“A mí no me tomen por tonta”, expresó al cuestionar que los legisladores oficialistas deban defender y negociar en el Congreso iniciativas sobre las que no fueron informados.
“No nos enteramos. Digo la verdad. Es un tema porque cuando sos jefe de una bancada y no te enterás, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’, pero yo no sabía”, sostuvo.
Según trascendió, la falta de conocimiento no quedó limitada a Bullrich. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco habría conocido previamente el alcance del capítulo referido a discapacidad.
La discusión interna se originó a partir de una serie de modificaciones que el proyecto presupuestario propone introducir sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y el funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas.
Uno de los puntos centrales afecta al nomenclador utilizado para determinar los valores de prestaciones como rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte.
Actualmente, el sistema contempla valores uniformes para las prestaciones y un mecanismo de actualización mensual vinculado con la evolución de los precios.
El proyecto de Presupuesto modifica ese esquema y elimina el mecanismo que establece aranceles iguales para las instituciones, además de dejar sin efecto la actualización automática mensual según la inflación.
De aprobarse la redacción enviada por el Ejecutivo, los prestadores podrían determinar el costo de sus servicios mientras que las obras sociales y prepagas podrían establecer un valor máximo para cubrirlos.
