La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley conocido como Súper RIGI, un régimen especial destinado a atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos para las denominadas “industrias del futuro”. La iniciativa obtuvo media sanción con 130 votos afirmativos y 106 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa permitirá posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversiones de gran escala en sectores de alto valor agregado. Sin embargo, el proyecto es fuertemente cuestionado por sectores opositores que advirtieron sobre una posible pérdida de soberanía económica y regulatoria.
El proyecto impulsa beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para emprendimientos vinculados a áreas como inteligencia artificial, centros de datos, electromovilidad, energías renovables, minería avanzada y producción tecnológica.
Uno de los principales focos de debate gira en torno a la figura del empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley. Legisladores opositores señalaron que la iniciativa parece diseñada para favorecer a grandes compañías tecnológicas interesadas en desarrollar infraestructura digital, inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos en el país.
Las críticas se profundizaron luego de las reuniones que Thiel mantuvo en los últimos meses con el presidente Javier Milei y funcionarios del área económica. El empresario visitó la Casa Rosada y posteriormente se reunió con el ministro de Economía, en encuentros que coincidieron con el diseño del nuevo régimen de incentivos.
Además, se habla sobre el interés de empresas vinculadas al procesamiento de grandes volúmenes de datos y al desarrollo de inteligencia artificial en recursos estratégicos argentinos, como la energía, el litio y otros minerales críticos necesarios para sostener la expansión tecnológica global.
Durante el debate parlamentario, hubo crítica hacia las compañías beneficiadas puedan acceder a mecanismos de arbitraje internacional y a regímenes de estabilidad excepcionales por tres décadas. También señalaron que los incentivos podrían limitar la capacidad futura del Estado para modificar regulaciones o políticas tributarias vinculadas a esos proyectos.
Mientras tanto, el proyecto avanza hacia el Senado en medio de una discusión cada vez más intensa sobre los límites entre la atracción de capitales extranjeros y la preservación de la soberanía económica y tecnológica del país.
