El Instituto Nacional de Tecnología Industrial enfrenta un nuevo escenario de ajuste que podría derivar en cientos de despidos y la reducción drástica de sus funciones, en el marco de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Según denunciaron trabajadores del organismo, el Consejo Directivo avanzó con la eliminación de más de 900 servicios considerados esenciales, una medida formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. De concretarse plenamente, la decisión dejaría al Instituto Nacional de Tecnología Industrial con una capacidad operativa severamente limitada.
Desde el propio instituto estiman que el impacto podría alcanzar a más de 700 empleados, que quedarían sin tareas y, en consecuencia, en riesgo de perder sus puestos de trabajo. La situación genera preocupación en un organismo históricamente vinculado al desarrollo industrial, la asistencia técnica y la certificación de procesos productivos.
La especialista Yamila Mathon advirtió que la medida implica la interrupción de “mil ensayos indispensables para el desarrollo”, lo que afectaría directamente a técnicos, profesionales y personal administrativo con años de experiencia. “Deja sin tarea a trabajadores con capacidades irrecuperables”, sostuvo.
El conflicto se inscribe en una serie de decisiones previas que ya habían impactado en el organismo. Durante 2025, el Gobierno avanzó sobre su estructura institucional y, hacia fin de ese año, dispuso la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, una red clave para la validación de estándares en distintos sectores productivos.
Desde el interior del INTI, los trabajadores advierten que la reducción de funciones podría abrir espacio a prestadores privados para asumir tareas que históricamente realizaba el organismo público. En ese sentido, remarcan que el instituto no cumple funciones de control, sino de asistencia técnica y acompañamiento a la industria.
“El INTI es un organismo de cuidado. Sin estos organismos, la sociedad queda más desprotegida”, señalaron, al tiempo que alertaron sobre posibles consecuencias en áreas sensibles vinculadas a la seguridad y la calidad de productos y servicios.
En paralelo, el conflicto expone tensiones más amplias en torno al rol del Estado en el desarrollo productivo. Mientras el Gobierno sostiene su política de reducción del gasto público, sectores técnicos y trabajadores advierten que la pérdida de capacidades estratégicas podría tener efectos de largo plazo sobre la industria nacional.
