En una sesión que quedará marcada en los registros de la diplomacia internacional, la Argentina decidió votar en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que califica a la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como «el crimen más grave contra la humanidad». La iniciativa, liderada por Ghana y respaldada por la Unión Africana, buscaba un compromiso global para que estos delitos sean declarados imprescriptibles y para que los Estados asuman la responsabilidad de reparar el daño mediante disculpas oficiales, indemnizaciones y la restitución de bienes culturales.
Lo que resulta difícil de digerir desde una perspectiva de derechos humanos es el aislamiento en el que quedó el país. De los 193 Estados miembros, 123 votaron a favor y 52 se abstuvieron. Argentina, sin embargo, prefirió formar parte de un minúsculo grupo de apenas tres países, junto a Estados Unidos e Israel, que rechazaron el texto. Esta postura no solo rompe con una tradición argentina de condena a las atrocidades del pasado, sino que coloca a nuestros representantes en lo que el presidente ghanés, John Dramani Mahama, definió como el «lado equivocado de la historia».
Al oponerse a una resolución que también exige políticas activas contra el racismo estructural, la representación argentina parece priorizar un alineamiento geopolítico rígido por encima de la ética internacional. Negar el carácter de «crimen más grave» a la esclavitud y rechazar la obligación de reparar sus secuelas envía un mensaje de indiferencia ante el sufrimiento histórico de millones de personas, debilitando el prestigio del país en los foros donde la dignidad humana debería ser el único norte.
