El Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de la Ley 27.786, conocida como «Ley Antimafias», a través del Decreto 177/2025 publicado en el Boletín Oficial. La normativa, que había sido sancionada por el Congreso durante las últimas sesiones extraordinarias, busca desarticular las bandas del crimen organizado y endurece las penas para sus integrantes.
La ley establece sanciones más severas para quienes participen en delitos como narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas. A su vez, amplía los criterios para identificar a las organizaciones criminales, definiéndolas como grupos de «tres o más personas» que operen en un territorio específico con la intención de cometer delitos graves.
Uno de los puntos clave de la norma es la posibilidad de detener a una persona hasta por 48 horas para una averiguación vinculada a estos delitos, siempre con la autorización del Ministerio Público Fiscal y en casos de urgencia fundada, notificando de inmediato a la autoridad judicial.
Además, se establece un agravamiento en las penas: quienes integren o colaboren con estas organizaciones enfrentarán condenas de 8 a 20 años de prisión. La ley también prevé mecanismos para impedir que las bandas ejerzan control territorial, aumentando las herramientas de las fuerzas de seguridad y la justicia para desmantelar redes delictivas.
Con la entrada en vigencia de esta legislación, el Gobierno busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y cerrar los márgenes de acción de las mafias en el país.