Opinión | Por Lic Mauricio Guerrero
En el complejo tablero de la minería regional, a veces se intenta confundir la defensa del patrimonio con la obstrucción del desarrollo. Lo que sucede hoy en el límite entre La Rioja y San Juan, específicamente con el Proyecto Vicuña, nos obliga a hacer política para que la entendamos todos y, sobre todo, para que no nos vendan gato por liebre.
La logística del ahorro ajeno
Para entender el conflicto hay que mirar el mapa. El yacimiento está en San Juan, pero la rentabilidad del proyecto depende de La Rioja. ¿Por qué? Porque el camino sanjuanino implica una travesía inviable de casi doce horas, mientras que por Guandacol el trayecto se reduce a cuatro horas.
La justicia riojana ha puesto un freno preventivo. No es un «no» rotundo, es una exigencia de legalidad: si vas a pasar por mi casa con maquinaria pesada, rompiendo el asfalto y afectando el entorno de Bermejo y Guandacol, tenés que presentar los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes. Es una cuestión de soberanía básica.
La «jugada pícara» con el trabajo local
Ha comenzado a circular un mensaje que busca generar fricción entre los trabajadores y la provincia. Se intenta instalar que la firmeza del Gobierno pone en riesgo los empleos de los riojanos en esa zona.
Pero la realidad es exactamente al revés. Si hoy hay riojanos prestando servicios de mantenimiento de caminos o logística en ese proyecto, es porque hubo una decisión política de sentarse a negociar para que no trajeran todo de afuera. Antes de esta firmeza institucional, el riojano era un espectador de cómo pasaban los camiones; hoy, gracias a que la provincia marcó la cancha, hay empresas locales integradas en la cadena.
Es una jugada muy pícara que la minera pretenda usar como «escudo» a esos mismos trabajadores para eludir sus responsabilidades ambientales y territoriales.
¿Socios o patio trasero?
El fondo de la cuestión es simple: La Rioja no puede ser solo el «pasillo» por donde pasa la riqueza hacia otra jurisdicción, dejando atrás solo el desgaste de la infraestructura y el impacto ambiental.
Exigir que la provincia sea parte del proyecto no es una postura pro-minera ni anti-minera; es una postura pro-La Rioja. Es entender que el uso de nuestro territorio tiene un valor y que ese valor debe traducirse en beneficios tangibles, ambientales y sociales para la zona de Guandacol y alrededores.
El mensaje es claro: se defiende el trabajo de los riojanos exigiendo que las empresas cumplan la ley. No se trata de trabar el progreso, sino de asegurar que el progreso respete el suelo que pisa. El territorio de nuestra provincia no es una vía libre; es el patrimonio de su gente y se cuida con la ley en la mano.
