Desde el exterior y ante el empresariado del Coloquio de IDEA, el Presidente intentó desligarse del guiño judicial que convalida la desregulación del DNU 70/23, utilizando el discurso republicano para encubrir la entrega de recursos naturales.
En una nueva demostración de alineamiento con los intereses concentrados, el presidente Javier Milei celebró de manera implícita la decisión de la Corte Suprema de Justicia que abre las puertas a la venta irrestricta de campos e hitos naturales a capitales extranjeros. Lo hizo desde París, durante su intervención por videoconferencia en el Coloquio de IDEA, escudándose en una supuesta «independencia de poderes» para no asumir el impacto político de su propio decreto de necesidad y urgencia.
«Lo que decida la Corte Suprema es decisión de ella. Yo no tengo que meterme. Después vivimos llorando republicanismo», lanzó el mandatario al ser consultado sobre el fallo que dejó sin efecto la inconstitucionalidad del artículo 154 del mega DNU 70/23, el cual derogó la Ley de Tierras Rurales. Detrás de la retórica sobre el «republicanismo», la gestión de La Libertad Avanza suma un aval clave para consolidar la pérdida de control estatal sobre el patrimonio territorial de la Nación.
La resolución del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no avaló explícitamente la constitucionalidad de la derogación, sino que apeló a un rigorismo formal: determinó que la entidad querellante carecía de «legitimación procesal» para litigar, declarando la inexistencia de una «controversia». De este modo, la Corte esquivó pronunciarse sobre el daño directo a la soberanía que provoca la desregulación del mercado de tierras, dejando en pie, al menos por el momento, la vigencia del artículo presidencial.
Mientras el Ejecutivo avanza con la agenda de remate de bienes comunes y desarticulación del Estado en foros internacionales como el Argentina Week, el fallo deja desprotegidas miles de hectáreas estratégicas, zonas de frontera y reservas hídricas frente a la especulación financiera internacional. La apelación al «respeto institucional» por parte del Presidente busca desactivar las críticas sobre el uso abusivo de decretos para gobernar al margen del Congreso y eludir la discusión legislativa sobre la soberanía nacional.
