En un nuevo movimiento dentro de la estructura del Estado nacional, el Gobierno de Javier Milei aceptó la renuncia de Juan Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cargo que ocupaba desde hace poco más de un año. Su salida se formalizó mediante el Decreto 890/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según informó el Ministerio de Economía, Pazo deja el organismo para «volver a desempeñarse en el sector privado», una explicación que se repite como argumento habitual dentro de la administración libertaria cada vez que se produce un recambio en áreas sensibles del Estado. No obstante, el comunicado oficial evita profundizar en los resultados concretos de su gestión o en las razones políticas que motivaron su alejamiento.
El ahora exfuncionario será reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, hasta el momento titular de la Dirección General Impositiva (DGI), lo que confirma la continuidad de la línea tributaria impulsada por el Gobierno nacional. Desde Casa Rosada destacaron que Vázquez representa «la continuidad de las políticas del Presidente Milei y del ministro Caputo», ratificando un modelo de recaudación alineado con el ajuste fiscal y la reducción del rol del Estado.
Durante su gestión, Pazo promovió una serie de reformas celebradas por el oficialismo, como la simplificación de regímenes informativos, el denominado IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, estas iniciativas fueron cuestionadas por distintos sectores por favorecer a grandes contribuyentes y debilitar los mecanismos de control del Estado sobre la evasión y la elusión impositiva.
El Ministerio de Economía aseguró que Pazo continuará «colaborando» con Caputo, aun fuera de la función pública, una afirmación que vuelve a poner en discusión los límites difusos entre el sector privado y la toma de decisiones en el Estado, uno de los rasgos más controvertidos de la gestión libertaria.
Con este cambio, el Gobierno refuerza su estrategia de sostener un esquema tributario funcional a su programa económico, mientras persisten las críticas por el impacto del ajuste sobre los ingresos del Estado y las consecuencias sociales de una política fiscal cada vez más regresiva.
