La reorganización de Olivos, ahora a cargo de Casa Militar, dejó también un saldo de «ganadores y perdedores» entre los colaboradores más directos del Presidente y su hermana.
La sorpresiva reorganización de los empleados de la quinta de Olivos, con el despido o reubicación del personal civil y el desembarco «total» de personal militar para hacerse cargo de todo tipo de tareas , dejó también un saldo de «ganadores y perdedores» en el entorno de Javier y Karina Milei. Por caso, Jony y Pablo, sus históricos choferes y custodios, ya no pueden ingresar al predio de Olivos merced a una «guerra interna» con la mano derecha de la jefa de LLA en la Secretaría General de la Presidencia, Belén Agudiéz, que previamente había perdido a personal de su confianza en el histórico complejo.
La decisión de desplazar al personal civil de la quinta presidencial -10 contratados y 4 de planta permanente- obedeció a un repentino malestar del Presidente. Las versiones sobre el cambio de postura del mandatario no son precisas pero van desde acusaciones por la filtración de información «privada» -esa que el Gobierno se aseguró de blindar al limitar por decreto la ley de Acceso a la Información Pública- o gestiones como la compra de 27 mil kilos de productos cárnicos para abastecer al predio de Olivos y a la Casa Rosada.
Los que pagaron los platos rotos por la reestructuración fueron Jonathan Salerno (Jony) y Pablo del Valle (Pablo), dos custodios que desde principios de 2022 son la sombra del mandatario y de su hermana y que incluso participaron en actos de campaña en el interior, en 2023. Ya no pueden atravesar con sus autos el portón verde de calle Villate y cuando acompañan al primer mandatario o la jefa de LLA deben esperar «en una estación de servicio cercana» a que los hermanos que detentan el poder en la Argentina vuelvan a convocarlos hasta dicho acceso.
En el entorno de los Milei aseguran que ambos perdieron influencia por las supuestas acusaciones que les dispensó Agudiez, subsecretaria de de Planificación de la Secretaría General de Presidencia pero, a la postre, mano derecha de Karina. Molesta por el despido de su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, como intendente de la quinta presidencial, habría decidido replicar la maniobra de aquel jugador de fútbol que, expulsado, decide provocar a un rival para forzar su expulsión. Así, los hermanos Milei son trasladados en vehículos militares por las callejuelas de la quinta hasta el chalet presidencial o al resto de las dependencias. Algunos agentes de Casa Militar también han cuestionado la influencia de Agudiez, según se pudo saber.
El repentino pleno empleo de Casa Militar también incluiría al personal de veterinaria del Ejército apostado en la residencia presidencial que, según algunas fuentes consultadas, también habrían tenido que revestir como una suerte de guardia para las mascotas presidenciales. Como sea, para cubrir los puestos vacantes, desde la fuerza comandada por el general Sebastián Ibañez estarían convocando agentes a «hacer horas extras».
Otro que habría quedado afectado por la «reestructuración» del personal de Olivos habría sido el secretario privado de Milei, Mario Suli, alias «Baron B». De extrema confianza del libertario, fuentes bien informadas aseguran que incluso le ha confiado el cuidado y el paseo de sus perros mastines.
La controversia, con todo, disparó un apéndice judicial: la diputada Marcela Pagano se presentó en tribunales y denunció a Karina Milei, Agudiez y Sosa, entre otros. La legisladora pidió investigar si el «emprendimiento gastronómico» -denominado «Pancitos Caseros»- del depuesto intendente de la quinta presidencial y su mujer se habría visto beneficiado con mercadería adquirida a través de licitaciones oficiales destinadas a la compra de alimentos para la Quinta de Olivos.
«La hipótesis que se pone a consideración de V.S. es que los alimentos adquiridos con fondos públicos para la Residencia Presidencial de Olivos -o una parte sustancial de ellos- habrían sido derivados a ese emprendimiento privado, que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros, generando ganancias extraordinarias a una empresa familiar a costa de la administración fraudulenta del patrimonio del Estado Nacional», dispara la presentación.
Tras los despidos en la Quinta de Olivos, el gremio de ATE alertó por la creciente militarización del Gobierno. “Atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia. Todas las vacantes en el Estado comienzan a ser cubiertas por militares”, señaló Rodolfo Aguiar.
Los cesanteados en la quinta de Olivos cumplían tareas de jardinería, administración, limpieza o como mozos y personal de cocina. Si bien el Gobierno justificó esta decisión a raíz de una serie de filtraciones que comprometerían la información y la seguridad del Presidente, lo cierto es que el personal civil no participa de las reuniones privadas que Milei realiza en la residencia, adujo el gremio. Además, se trata de trabajadores con hasta 30 años de antigüedad y que desempeñaron funciones en las distintas gestiones.
