La Fundación Faro es un centro de estudios que dirige Agustín Laje y mantiene cercanía con el presidente Javier Milei. El centro presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la información sobre los aportantes que realizaron donaciones millonarias durante 2024, sin embargo, los nombres de los donantes no podrán ser conocidos públicamente debido a las restricciones establecidas por la legislación de prevención del lavado de activos.
La situación se originó luego de que la fundación declarara ingresos por casi $5.000 millones en concepto de donaciones, cursos, talleres y actividades de prevención durante 2024, su primer ejercicio completo bajo la actual denominación. El crecimiento patrimonial fue significativo: según la documentación presentada ante la IGJ, el patrimonio neto pasó de aproximadamente $12 millones en 2023 a más de $4.394 millones en 2024.
Ante esos números, la IGJ solicitó a la entidad la presentación del denominado “Anexo XIII”, una declaración jurada obligatoria para asociaciones civiles y fundaciones que reciben aportes superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles en un período de 30 días. Al valor vigente en diciembre de 2024, ese umbral equivalía a unos $11 millones por donante. El organismo requirió que se detallaran los nombres de los aportantes, las fechas y los montos de las contribuciones.
La fundación cumplió con el requerimiento dentro del plazo establecido y entregó la documentación correspondiente. Sin embargo, cuando el medio «Chequeado» solicitó acceso a esa información, la IGJ rechazó el pedido al considerar que los datos están protegidos por el deber de confidencialidad previsto en la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos.
Según explicó el organismo, la declaración jurada vinculada al origen y licitud de los fondos no forma parte de los estados contables públicos y constituye documentación reservada, ya que la IGJ actúa como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Por ese motivo, la información sólo puede utilizarse para tareas de fiscalización y control vinculadas a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La controversia se centra en que, aunque la fundación ya informó oficialmente quiénes realizaron las donaciones más importantes, la normativa vigente impide que esos datos sean divulgados públicamente. De esta manera, se mantiene el interrogante sobre quiénes financiaron los aportes que permitieron el fuerte crecimiento patrimonial de la organización durante el primer año de gestión libertaria.
