La distribución responde a una lógica política antes que a criterios de necesidad. Nuevamente, La Rioja quedó afuera del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y no recibió un solo peso por este concepto desde la asunción de Javier Milei, mientras la deuda del Estado nacional con la provincia ya supera los 1.300 millones de dólares.

El miércoles 29 de abril de 2026, según el seguimiento de Raíz Federal, el Gobierno nacional distribuyó $44.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional —los llamados ATN— entre ocho provincias: Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan. La Rioja, una vez más, quedó fuera de la lista.
Los ATN son el instrumento más discrecional del sistema de transferencias intergubernamentales. No responden a fórmulas de coparticipación ni a derechos adquiridos: el Ejecutivo decide con amplio margen quién los recibe, cuándo y por cuánto.
El patrón que emerge de los datos es claro. Las mismas ocho provincias beneficiadas el 29 de abril concentran el 75% de todo lo transferido por ATN en lo que va de 2026 y casi dos tercios del total acumulado desde que Milei asumió. No es una coincidencia de calendario: es una política.
Misiones encabeza el ranking con $47.000 millones recibidos desde diciembre de 2023. Le siguen Salta con $36.000 millones y Entre Ríos con $35.800 millones. En el otro extremo, provincias como La Rioja y Santiago del Estero brillan por su ausencia en esa geografía del favor fiscal.
¿Qué tienen en común las provincias beneficiadas? La respuesta no está en los índices de pobreza ni en los indicadores de emergencia presupuestaria, sino en la arquitectura de negociación política que el oficialismo tejió con determinados gobernadores para sostener su agenda legislativa. Con la eliminación de las PASO a punto de ingresar al Congreso, ese entramado cobra una relevancia aún mayor.
La Rioja no recibió fondos en concepto de ATN desde la asunción de Milei. Además, la provincia mantiene un reclamo administrativo y judicial contra el Estado nacional por una deuda que asciende a 1.300 millones de dólares desde diciembre de 2023, que comprende ATN, obras, fondos fiduciarios, viviendas, cooperativas y programas de salud, entre otros.
