Con 139 votos a favor y 97 en contra, la Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo con Bainbridge y Attestor Value Master Fund. El convenio vencía en menos de una semana.
La Cámara de Diputados dio la media sanción que faltaba y convirtió en ley el acuerdo para pagar u$s171 millones a dos fondos acreedores bajo jurisdicción estadounidense, cancelando así litigios remanentes del default de 2001. La medida, que ya contaba con la aprobación del Senado, beneficia a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP con una quita superior al 30% sobre las sentencias originales. Con 139 votos afirmativos, 97 negativos y ninguna abstención, el oficialismo logró blindar el acuerdo a menos de una semana de que perdiera vigencia, dado que el plazo límite estipulado entre las partes era el próximo 30 de junio.
Según lo aprobado, el Estado argentino abonará us67 millones a Bainbridge Ltd. y us104 millones a Attestor Value Master Fund LP mediante el mecanismo de «Entrega contra Pago». El texto de la ley incorpora además una cláusula de standstill que impide a los demandantes iniciar acciones legales nuevas o entorpecer operaciones financieras del país. Asimismo, el Poder Ejecutivo subrayó en el documento que la luz verde legislativa provocará la finalización de la investigación en curso sobre los bienes nacionales. De esta forma, concluyen de manera definitiva los procesos de Discovery sobre cuentas bancarias, privatizaciones y distintos activos de la Argentina en el exterior.
El pacto definitivo lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, junto a los representantes autorizados de las firmas involucradas: Friedrich Andreae por Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC; Melanie Davidson en representación de Brybrook Capital Hazelton; y Rubén Kliksberg por parte de White Hawthorne.
Tras los homenajes de rigor en el recinto, el debate sobre el pago a los últimos holdouts arrancó con la exposición del legislador Alberto «Bertie» Benegas Lynch, de La Libertad Avanza.
El diputado libertario defendió firmemente la iniciativa al sostener que, después de 25 años, el país tiene la gran posibilidad de empezar a cerrar esa herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito. En su discurso, agregó que no le entra en la cabeza que se vote en contra y advirtió a los ciudadanos que la oposición actuaría de forma corrosiva y destructiva por ser los apóstoles y continuadores del default de 2001.
Finalmente, sentenció que quienes rechazaban el proyecto se identificaban claramente como parte de la alta política y del tren fantasma de este Congreso, cuya remoción dependerá de lo que los argentinos hagan en las urnas en 2027.
Desde la vereda opuesta, las críticas se centraron en la falta de transparencia y el origen de los fondos. El diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, justificó su rechazo advirtiendo que este Gobierno ha aumentado el nivel de deuda externa y lamentó que los funcionarios de Economía no visiten el Congreso para explicar las condiciones. Pichetto afirmó que nunca se puede saber si en este juego hay comisiones ocultas mientras se vende el humo de que no se cobran honorarios. Además, denunció que el proyecto no especifica de dónde surge el financiamiento e incumple la ley 24.156 de la misma forma que motivó el veto a la ley de Financiamiento Universitario.
En la misma sintonía, el diputado peronista Hugo Yasky se mostró en contra del proyecto impulsado por el Gobierno y cuestionó que se habilite el pago a fondos buitres que ni siquiera invirtieron un centavo en la Argentina. En el cierre de su intervención, apuntó que los únicos estafadores en el país son aquellos que especularon con la deuda externa y los negocios financieros, manteniendo sus recursos en paraísos fiscales.
