El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir el delito de feminicidio y otras medidas normativas para combatir la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas.
A propuesta de los ministros de Justicia, Carlo Nordio, Interior, Matteo Piantedosi, Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, y de Reforma Institucional y Simplificación Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, el Consejo de Ministros aprobó el texto, que prevé una intervención amplia y sistemática para responder a la necesidad de protección contra «el fenómeno de dramática actualidad de las conductas y manifestaciones de prevaricación y violencia cometidas contra las mujeres». El texto será trasladado a las dos cámaras del Parlamento, Cámara y Senado, para su aprobación y posterior conversión en ley.
«Siempre hemos dicho que la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres debe ser también una lucha contra la cultura generalizada en las relaciones hombre-mujer. Introducir el delito de feminicidio es sobre todo un intento de producir un cambio cultural». Así se expresó la ministra Eugenia Roccella durante la rueda de prensa celebrada en el Palazzo Chigi al término del Consejo de Ministros.
Qué prevé el proyecto de ley sobre el feminicidio
Con el nuevo proyecto de ley, el Gobierno pretende introducir el nuevo tipo penal de «feminicidio», que, debido a la extrema urgencia criminológica del fenómeno y a la particular estructura del delito, se sanciona con cadena perpetua.
Según el comunicado emitido al término de la reunión, esta pena se impondrá a «quien cause la muerte de una mujer cuando el hecho se cometa como un acto de discriminación u odio hacia la ofendida por su condición de mujer o para reprimir el ejercicio de sus derechos o libertades o, en todo caso, la expresión de su personalidad».
A continuación, el Gobierno subraya que se introducen las mismas circunstancias de comisión del delito como agravantes de los delitos más típicos del código rojo, con la previsión de un aumento de las penas previstas de al menos un tercio y hasta la mitad o dos tercios, según el delito.